Chavismo aprueba proyecto de ley que criminaliza a las ONG. En la sesión del 24 de enero, Diosdado Cabello, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo la presentación del proyecto que había anunciado días atrás en su espacio de VTV Con el mazo. Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 Petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento.
Liliana Ortega, abogada defensora de derechos humanos, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“El resumen es, para poder definir esta ley, que tiene muy poco de ley, es que es una ley anti ONGs. Es una ley que pretende destruir el derecho de asociación. Un derecho constitucional, pero además pretende destruir otros derechos y principios fundamentales, como el principio de la integralidad y la interdependencia de los derechos humanos. Esta es una política sistemática que desde el año 2000, desde el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, han ido creando y promoviendo un andamiaje política y jurídico, que quiere aniquilar la capacidad financiera de las ONGs. Lo que se ha querido poner a las ONGs como organizaciones muy gubernamentales. Las características de las ONGs es la independencia financiera y el libre ejercicio del derecho de asociación”, dijo Ortega.
Para la activista, lo que se quiere es eliminar toda la expresión libre del espacio cívico y democrático venezolano.
Según Diosdado Cabello, las ONGs reciben dinero de otros gobiernos, que están en contra del régimen de Nicolás Maduro, y da a entender que tienen funciones políticas y no humanitarias ni sociales.
“El Estado venezolano en general, ve a las ONGs y a la iglesia como el enemigo número uno, luego que los partidos políticos han ido destruyéndose en algún sentido. Son las ONGs y la iglesia las que están en la primera línea de atención a los sectores populares. Están en los comedores, apoyando a las personas que padecen VIH y las que sufren violencia de género. Esa preocupación de no tener el control social y que otros actores ofrecen apoyo sin vinculación política, lo han considerado como un enemigo interno. Desde el año 2000, las ONGs han sido perseguidas por sentencias del TJS, por legislaciones y otros elementos. Lo que se procura de esta ley, que es la peor de todas, es nefasta para la democracia y los derechos humanos, es ir en contra de los derechos. Sectoriza a las ONGs, no podrán trabajar, eliminan el mandato fundacional y el tema de los fondos es maniqueísta”, apuntó.
La defensora de los derechos humanos manifestó que esta ley procura generar una situación de temor, criminalización y persecución.
Finalmente, Ortega destacó que las ONGs y la iglesia en general son los que están en la primera línea para atender a las personas más vulnerables.
“Los líderes políticos están inhabilitados y perseguidos. Eso se hizo durante mucho tiempo. Sin embargo, no es tan fácil barrer y limpiar a las ONGs, porque tienen un gran arraigo popular”, puntualizó.
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