La empresa española Telefónica cuadriplicó la intervención de teléfonos en Venezuela a petición del gobierno de Nicolás Maduro, según se refleja en el informe de transparencia de la compañía.
Mientras que en 2017 hubo 234.932 solicitudes, en 2021, se registraron 861.004 peticiones.
Telefónica es la matriz de Movistar, que ofrece telefonía móvil, fija, televisión satelital e internet en el territorio venezolano.
El medio español Voz Pópuli destaca que las peticiones para la intervención de teléfonos en Venezuela pasa por la aprobación del Ministerio Público, Fiscalía, que acepta las solicitudes de organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Andrés Azpúrua, director de VE sin Filtro y Conexión Segura, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Hemos revisado el mismo informe de Transparencia Telefónica que revisó el medio español, y en efecto, de 2016 a 2022 hubo un brinco de solicitudes y número de líneas afectadas por esa interceptación de comunicaciones, pero aún más dramático es que es un multiplicación por 7 en cinco años. Hay ciertos detalles del informe que no están completamente definidos y hay cierta ambigüedad en el informe. No obstante, eso es extremadamente dramático. Eso da millón y medio de cuentas de telefonía o de internet de Movistar Venezuela que han sido afectadas por esta interceptación de comunicación. Es decir el 20% de las líneas de Movistar”, indicó Azpúrua.
El periodista señaló que está el tema de Movistar que como empresa sigue las órdenes de Nicolás Maduro, pero en un ecosistema mucho más grande es aún más intimidante.
“No conocemos la situación de las otras operadoras en Venezuela incluyendo a Digitel, y las estatales Movilent y Cantv. Sospechamos que puede ser igual o peor. Es importante saber qué tipo de información están capturando y hemos detectado dos cosas. Por un lado, el contenido de las comunicaciones, incluyendo llamadas, mensajes y posiblemente el contenido de los metadatos, que son la información de esas llamadas”, explicó.
Para el experto, llama mucho la atención que el informe no destaca entre las autoridades venezolanas que pueden intervenir líneas telefónicas a los jueces o a los tribunales.
“En la legislación venezolana debería ser una orden judicial la que habilite este tipo de solicitudes. Generalmente, la parte interesada es el Ministerio Público o los órganos policiales y de investigación. Pero el informe no destaca eso y se entiende que estas solicitudes de intervención de líneas no están avaladas por un tribunal y no cumple con los estándares de derechos humanos”, aclaró.
Hasta el momento no se sabe quiénes son las personas a las que se les ha intervenido su línea telefónica.
“Si alguien sospecha que está siendo intervenido, debería contactar una organización de derechos humanos y que pueda ejercer presión para tratar de tener transparencia en el caso. Generalmente el objetivo de estas intervenciones son organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, actores cívicos y periodistas”, agregó.
Finalmente, Azpúrua destacó que el proceder en esta práctica es que las autoridades de un país emitan una orden y la empresa da las facilidades para que adquieran la información.
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