La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este lunes una apelación que hizo la oposición venezolana en el caso de Citgo y la minera canadiense Crystallex, la cual busca incautar a la mencionada filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en favor de resarcir una deuda.
En una entrevista para el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón, el procurador especial de Venezuela designado por el Gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, explicó cuáles son las posibilidades de que el país pierda sus activos en el exterior.
De acuerdo con el experto en derecho, al corto plazo Citgo está protegida como consecuencia de las órdenes ejecutivas dictadas por el Gobierno norteamericano. Sin embargo, «el panorama puede ser muy distinto» con el transcurso del tiempo.
Según sostuvo Hernández, el departamento del Tesoro estadounidense interpretó en el 2019 que mientras las órdenes ejecutivas estén en vigor, no es posible embargar o vender los activos de Venezuela bloqueados.
Asimismo, señaló que es «relativamente común» una decisión como la que tomó la Corte Suprema este lunes. Dado que este poder solo admite «un número muy limitado» de recursos.
José Ignacio Hernández precisó que su decisión de desvincularse del caso de la minera Crystallex fue en aras de mantener una actitud transparente. Esto, debido que en el 2016, el abogado rindió un testimonio experto independiente vinculado a la causa. Especificamente, para explicar «el proceso jurídico a través del cual se había desmantelado la autonomía de Pdvsa».
Para el procurador, todo lo que había que hacer en el caso de la compañía minera, «ya estaba hecho» cuando Guaidó fue reconocido como presidente Interino.
«Por eso la estrategia fue dirigida a salvaguardar Citgo», resaltó, al tiempo que le adjudicó la responsabilidad de la expropiación, el arbitraje y el juicio de Crystallex, a las administraciones de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
Hernández afirmó que el problema de Venezuela derivado de las reclamaciones heredadas del chavismo «es grave y será doloroso de solucionar».
Actualmente, argumentó, hay cerca de 60 litigios por demandas que suman $ 15.000 millones. Vinculadas a una deuda pública que ronda los $140.000 millones.
«No se va a poder corregir el endeudamiento irresponsable de Venezuela sin pasar por medidas dramáticas», concluyó diciendo el especialista.
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