La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes al régimen de Nicolás Maduro por dos ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el 2003. En ese momento, Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina Pérez fueron asesinados por fuerzas de seguridad chavistas.
La CIDH señaló que la dictadura violó “los derechos a la vida, a la integridad personal, los derechos a la vida, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial” de Guerrero Meléndez y Molina Pérez.
Liliana Ortega, defensora de DDHH, cofundadora de COFAVIC, y miembro de la Organización Mundial contra la Tortura, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“En todas las instancias internacionales hay que agotar los recursos internos. Hay que demostrar de manera fehaciente que la estructura interna no es capaz de responder para poder acudir a las instancias internacionales. Tuvimos que transitar un largo camino en Venezuela. Luego ante la Corte Interamericana que tiene un procedimiento jurídico minucioso y que no hay manera de evadirlo. Esas son las razones por las cuales un caso de 2003 puede tener una sentencia en 2021”, dijo Ortega.
Para la defensora de derechos humanos, la importancia del caso radica que es el séptimo caso que COFAVIC gana sobre Venezuela. “Lo novedoso es que en este caso se pudo probar que en Venezuela los planes de seguridad se desarrollan con carácter discriminatorio y que tiene como víctima a los jóvenes de sectores populares. Eso que pasó en 2003, hoy en día se ha potenciado porque hay una estructura de impunidad en el país, que impide que estos casos obtengan justicia. Además los funcionarios policiales actúan bajo el patrón y convencimiento de que no habrá justicia”.
Ortega explicó que Jimmy Rafael Guerrero Meléndez había tenido problemas de conducta en su juventud, pero luego de haber cambiado su vida, fue perseguido y extorsionado por los funcionarios policiales. “Lo amenazaban de que lo iban a volver a detener. Cansado de pagar extorsiones fue a la Defensoría del Pueblo y afirmó que los funcionarios lo querían asesinar. Pidió protección pero el Ministerio Público no le brindó protección y al final fue asesinado”.
En cuando a Ramón Antonio Molina Pérez la experta afirmó que se trataba de un chofer de una empresa venezolana de alimentos. “Presenció el asesinato de Jimmy y por preguntar y querer a defender a su sobrino, también fue asesinado”, apuntó.
Para Ortega, en Venezuela “hay una criminalización de la pobreza y de la juventud. Eso termina con detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Equivocadamente se ha leído la situación venezolana, porque se dice que hay una crisis humanitaria, pero en realidad lo que hay es una crisis de derechos humanos. Muchos de los jóvenes que se han ido de Venezuela, es por la violencia. Es terrible lo que hemos visto en la Cota 905 o en La Vega”.
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