El Tribunal Supremo de Justicia que responde a Nicolás Maduro dio otro golpe a la Constitución venezolana y el pasado viernes eligió a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE). De esta forma, deja al margen a la legítima Asamblea Nacional, dirigida por Juan Guaidó, órgano al que le tocaba elegir a los nuevos miembros del árbitro electoral por mandato constitucional.
Indira Maira Alfonzo Izaguirre, es la nueva presidenta del CNE. Rafael Simón Jiménez es el vicepresidente, y Tania D’ Amelio Cardiet, Galdys María Gutiérrez Alvarado, y José Luis Gutiérrez Parra, son los otros rectores principales.
Hay que destacar que Alfonzo Aguirre fue sancionada por el gobierno de Canadá en mayo de 2018, por ser catalogada como «individuo responsable al empeoramiento a la democracia venezolana».
Para abordar el tema, el periodista y especialista en asuntos electorales, Eugenio Martínez, fue uno de los entrevistados este lunes en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
«A estos cinco nombres habría que agregarles los tres rectores suplentes. Carlos Quintero, Abdón Hernández y Juan Carlos del Pino. Especialmente los dos primeros porque tienen 20 años en el CNE y son los brazos ejecutores desde el punto de vista técnico y político. La presencia de estos dos señores indica que no habrá un cambio en el funcionamiento de la institución. En los cuatro nuevos rectores tampoco hay mucha diferencia. Indira Alfonzo viene de ser la presidenta de la Sala Electoral del TSJ. Tania D’ Amelio repite como rectora y su designación en 2009 fue polémica porque era militante inscrita en el PSUV. Gladys Gutiérrez viene de ser presidenta del TSJ. José Luis Gutiérrez lleva tres años en el CNE como director de partidos políticos y Rafael Simón Jiménez, queda con el cargo de vicepresidente simbólico del organismo», dijo Martínez.
En el pulso entre poderes, el TSJ de Maduro se vuelve a imponer ante la Asamblea Nacional. «Si la dictadura quiere seguir cayéndose a mentiras, que se lance por su barranco. Arremeten contra una de las condiciones para salir de la crisis», destacó Guaidó.
«Este CNE tiene un mandato específico del TSJ que es cambiar todo el sistema político-electoral del país. En la sentencia donde se designa a estos rectores se desaplican doce artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y se les dice al CNE que los norme. Este CNE se convierte en una especie de Asamblea Nacional Electoral para redactar leyes electorales. Adicionalmente, tiene que evaluar como aumentar la cantidad de diputados que integran el parlamento, y en última instancia tienen que reconstruir el sistema automatizado que se perdió en el incendio de marzo», expresó el especialista.
El dilema es si se podrán realizar las elecciones parlamentarias de este año y si habrá condiciones para que la oposición pueda participar.
«Juan Guaidó y Henry Ramos Allup han adelantado la tesis de la continuidad administrativa del parlamento electo en el año 2015. Es decir, si la oposición formalmente no participa en estas elecciones parlamentarias, los diputados se mantendrían en sus curules y Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional y como presidente interino de Venezuela. El problema es el funcionamiento de ese gobierno interino, que se podría convertir en un gobierno en el exilio. La mayoría de los diputados que hoy integran el parlamento tendrían que abandonar el país por estar usurpando un poder público, bajo la perspectiva del TSJ», agregó Martínez.
Con la oposición divida y un nuevo CNE impuesto por el régimen de Maduro, el panorama no luce alentador.
«Con la decisión del TSJ se cerraron prácticamente todas vías de negociación. Sin embargo, siempre quedan algunas vías que puedan explorarse. Seguramente, vamos a ver esfuerzos diplomáticos en los próximas semanas para tratar de llegar a un acuerdo para que en Venezuela se pueda dar una salida electoral», dijo Martínez.
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