México superó las 100.000 víctimas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, al respecto la alta comisionada Michelle Bachelet pide más esfuerzos para enfrentar esta situación.
Jorge Triana, diputado del Partido de Acción Nacional (PAN), abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Lo que sucede es que hay una estrategia del presidente de la República que se llama Abrazos y no Balazos, la cual implica no usar legítimamente la fuerza para defender a los ciudadanos, sino optar por voltear para otro lado cuando sucede cualquier tipo de ilícito violento. El presidente ha sido enfático al señalar que los criminales son humanos y que necesitan que se les respete los derechos humanos, pero eso no significa que no se aplique la ley en el marco de un estado de derecho. El resultado es de 100.000 víctimas en nuestro país, eso es una cifra histórica. También hay más de 120.000 homicidios dolosos en lo que va de la administración actual”, dijo Triana.
El parlamentario afirmó que esas cifras son históricas. Triplican las estadísticas del sexenio de Felipe Calderón y duplican las del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“La estrategia del presidente dispara la criminalidad en México. Hay una estrategia de no perseguir a criminales y de atacar la causa de la raíz de la delincuencia como lo es la pobreza y la marginalidad, pero eso es a largo plazo. Hoy en día vemos como nos rebaza la criminalidad”, apuntó.
Todo indica que hay un manejo demagógico de la criminalidad por parte de López Obrador. Los estados más violentos son Jalisco, Tamaulipas, y el estado de México.
“Estos estados, Jalisco, Tamaulipa y México, son estados gobernados por la oposición y por ende hay una narrativa del presidente de que los gobiernos regionales son copartícipes. Si bien es cierto debe haber una coordinación y una responsabilidad compartida, lo cierto es que es que se cometen ilícitos de tipo federal”, agregó.
Finalmente, Triana destacó que el Estado debe garantizar el respeto a la vida, la libertad y la propiedad del ciudadano.
“A cambio, el ciudadano debe respetar la vida, la propiedad y la libertad. Si se rompe este pacto, el Estado debe aplicar la fuerza de manera legítima. El estado mexicano ha renunciado de manera categórica a su obligación de brindarnos seguridad y justicia a los ciudadanos”, puntualizó.
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