La Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público exigió este 2 de noviembre, a dos años y siete meses de la detención del Luis Carlos Díaz, el sobreseimiento de la causa en contra del periodista y defensor de derechos humanos. Indicaron que continúa en un proceso judicial a pesar de no existir pruebas en su contra y aún cuando la Fiscalía no ha entregado el acto conclusivo de su investigación.
Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Luis Carlos, gracias al ruido y la movilización del gremio periodístico, salió muy rápidamente de la cárcel, pero es sometido a un castigo sin condena. Es decir, tiene privación de salida del país, régimen de presentación y le pretendían hacer otra serie de restricciones. El caso es que el Ministerio Público tiene lapso para presentar sus conclusiones, y ese tiempo venció hace más de un año. Cuando venció había un nuevo juez que quiso empezar el proceso de nuevo. El proceso comenzó de nuevo y se afectó su debido proceso”, dijo Correa.
El director de Espacio Público afirmó que no hay pruebas suficientes contra Luis Carlos Díaz, a quien se le acusa de ser el responsable de los apagones eléctricos.
“A Luis Carlos lo detienen en su bicicleta y dicen que lo capturaron infraganti por el tema de los apagones”, destacó.
El primero en señalar a Luis Carlos Díaz es Diosdado Cabello en su programa de televisión.
“Ese es uno de los patrones del régimen que es descalificación pública en el canal del estado y en medios públicos. Después, se abren procesos judiciales que no tienen ningún sustento, tal es el caso de Pedro Jaime. Luego lo que hay es una afectación del debido proceso muy clara. En el caso de Luis Carlos, no hay ninguna prueba en su contra, sencillamente lo han sometido en un proceso judicial por una lógica de venganza de de Diosdado Cabello, quien lo señaló públicamente”, expuso.
Correa enfatizó que el caso de Díaz ha pasado a instancias internacionales. “Ese caso es una muestra evidente de la ausencia de garantías judiciales en el país. Esto es un atropello a los derechos humanos”, señaló.
Hasta el momento, el fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, no se ha pronunciado sobre el caso de Luis Carlos Díaz.
“Las restricciones tienen un impacto personal, le impiden realizar su trabajo libremente para participar en seminarios y talleres. Ha tenido que cambiar su rutina permanente. Allanaron su casa, le robaron equipos y dinero que tenía ahorrado para una operación”, puntualizó Correa.
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