Directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza: «Lo que hace la Ley de Cooperación Internacional es estatizar a las ONG»

Al menos 500 ONG alzaron su voz en contra de la “Ley de Cooperación Internacional” que promueve el chavismo y con el que buscarían ilegalizar estas organizaciones

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia presentó un informe que muestra el deterioro de la justicia penal en Venezuela, debido a factores como la corrupción y la falta de recursos económicos

Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.

“El proyecto que paradójicamente se llama ley de cooperación, es un proyecto que va en contra de la cooperación. Lo que hacen las ONG es ayudar a otros y denunciar la acción del estado. Al no permitir esto y al criminalizarlo, se eliminaría las acciones de estas organizaciones”, dijo Louza.

La directora de Acceso a la Justicia comentó que lo que hace la ley es que estatiza la cooperación.

“La ley afirma que se creará un fondo para que se reciban las ayudas internacionales para las ONG y los partidos políticos. Todo lo que ingrese al país de forma de cooperación para estas actividades irá a este fondo. Lo que se trata es de regular la cooperación y básicamente lo que hace es estatizar a las ONG”, agregó.

Ver más: Economista Francisco Monaldi: «Hasta ahora solo se ha anunciado un cambio de licencia para que Chevron negocie con Pdvsa, más no es un levantamiento de las sanciones petroleras»

La activista señaló que no hay confianza en el gobierno venezolano para que administre estos fondos.

“El estado es el que distribuirá y entregará los recursos a su conveniencia. Esto va en contra de los tratados internacionales, porque no habrá cooperación. Esa es la manera que han encontrado para destruir a las ONG”, explicó

Finalmente, Louza destacó que la situación es muy difícil porque la ley tiene otro artículo, el cual considera que si una ONG apoyó a la imposición de sanciones al Estado venezolano, la pueden eliminar.

“Según la ley, las ONG pierden la identidad jurídica y se crea un registro fiscal para controlar. Las ONG funcionarán desde afuera, pero esto es un caso como el de Nicaragua, un país que es un cementerio de ONGs”, puntualizó.

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