Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano-EFE
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la denominada Ley Antibloqueo. Sin embargo, los costos políticos para Nicolás Maduro comienzan a verse. La ley dividió al chavismo y legisladores de su propia asamblea denunciaron que viola la Constitución.
Juan Manuel Raffalli, abogado y especialista en Derecho Constitucional y Procesal, abordó el tema en el programa Día a Día conducido este martes por Mariana Reyes, quien suplió a César Miguel Rondón quien está tomando unas cortas vacaciones.
“Alguien absolutamente razonable y que tenga una capacidad intelectual, tenía que reaccionar ante la ley antibloqueo, independientemente de su ideología. La ley es grotesca y amerita una reacción. La clave es entender que la función de las leyes es limitar el poder y ese principio de legalidad es que permite que el Presidente no se salga del marco constitucional. En Venezuela hay una democracia parlamentaria. El problema de esta ley, es que le permite al Presidente desaplicar leyes. Eso solo lo pueden hacer los jueces en situaciones muy especiales, pero nunca puede ser función del Poder Ejecutivo. Además la ley permite realizar todo tipo de actos, contratos o negocios jurídicos sobre cualquier activo del Estado, incluyendo a los sectores de minería, hidrocarburos y telecomunicaciones”, explicó Raffalli.
Especialistas han indicado que en términos sencillos, la ley buscaría desnacionalizar sectores de la economía y podría ponerlos a factores externos, creando una “pirámide de testaferros”.
“Esta ley permite crear otras empresas mixtas y asumir pasivos. Sin embargo, las críticas que vienen del sector de la izquierda es que esta ley permitirá privatizar algunos activos que están en manos de la República. El problema no es la privatización en sí, el problema es que como hay opacidad. Todo se hará en un cuarto oscuro con aliados del régimen que le sacarán los ojos al país. La opacidad llega a tal extremo que hay una declaratoria de confidencialidad que ni los jueces públicos tendrán acceso. Ese secretismo de la Ley Antibloqueo le deja el campo abierto a Nicolás Maduro para que disponga de los activos de la República”, agregó el experto.
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