FA/CMR
La inflación en Argentina ha sido durante mucho tiempo un problema que ha generado incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos y los inversionistas. En enero de 2023, la inflación se aceleró más de lo esperado, lo que ha complicado aún más la estrategia del gobierno de Alberto Fernández antes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre próximo.
Los datos gubernamentales publicados muestran que los precios al consumidor aumentaron un 98,8% respecto al año anterior, superando el pronóstico promedio de 98,6% de los economistas. Además, los precios subieron un 6% desde diciembre, lo que representa el segundo mes consecutivo de aumentos más rápidos. Los mayores costos de recreación, vivienda y comunicación impulsaron aumentos mensuales en enero, y los precios de los alimentos, la categoría ponderada más grande en el índice, también estuvieron por encima de la inflación general.
La economía argentina ha estado en problemas durante mucho tiempo, y la inflación ha sido uno de los mayores desafíos. Aunque el gobierno de izquierda de Fernández ha luchado por construir un plan económico creíble que aborde este problema, ha utilizado una estrategia poco convencional para contener la inflación, que incluye un congelamiento de precios, controles de divisas, tipos de cambio múltiples y altos costos de endeudamiento, pero no ha logrado enfriar los aumentos del costo de vida y las expectativas futuras.
Los economistas no son optimistas y pronostican que la inflación anual terminará este año en 98%.
Adriana Dupita, economista de Brasil y Argentina, citada por Bloomberg observa que
“La inflación sigue siendo alta y generalizada, y las medidas políticas actuales (tasas de interés reales bajas, controles de precios y una moneda sobrevaluada) no están funcionando para controlar las presiones de los precios. Esperamos que la inflación oscile alrededor del 100% durante la mayor parte del año.”
ras tanto el gobierno de Argentina, que este año afrontará elecciones generales en las que la economía se perfila como uno de los asuntos centrales, mantiene objetivos para desacelerar este año la inflación a un 60% anual, un desafío que economistas privados ven difícil de lograr.
La consultora LCG observa a Bloomberg que el dato de enero es “desalentador” tras unos meses donde el aumento de precios estaba bajando. Además, advierte que el objetivo del gobierno es más un deseo del gabinete económico que una posibilidad concreta.
Está claro que el gobierno necesita tomar medidas más efectivas para abordar la inflación si desea recuperar la confianza de los ciudadanos y los inversores antes de las elecciones presidenciales de este año.
El gobierno de Fernández tendrá que aceptar que la inflación es un problema estructural que no se puede abordar simplemente con medidas temporales. Se necesitan reformas estructurales en áreas como el gasto público, el tipo de cambio y la política fiscal. Los economistas tienen la palabra.
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