Inmigrantes-EFE
Nicholas Garaufis, juez federal de la Corte del Distrito Este de Nueva York, ordenó el pasado que la administración de Donald Trump restaure el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
El magistrado, exige por medio del Departamento de Seguridad Nacional, que inicie de inmediato la aceptación de nuevas solicitudes de DACA, programa que protege de la deportación a más de 700.000 jóvenes inmigrantes.
María Trina Burgos, abogada de Inmigración, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Esta decisión es muy importante y es algo que han estado esperando los denominados ‘Dreamers’. Esta orden del juez de Brooklyn restaura el programa DACA. Es decir, para las personas que no tienen DACA y que hubieran calificado en algún momento, ya podrán hacerlo. El juez no solo restaura el programa, sino que lo extiende por dos años. Hay que recordar que la administración Trump lo había reducido a un año”, explicó la abogada.
La orden indica que el Departamento de Seguridad Nacional debe publicar en sus sitios web el dictamen con la finalidad de que los aplicantes comiencen con sus inscripciones.
“La decisión del juez se sustenta en el argumento de que el Secretario de Seguridad, Chad Wolf, no tenía las facultades para anular el programa. Inmigración debe postear en su página web las aplicaciones de DACA”, agregó Burgos.
Donald Trump ha tomado una política antimigratoria muy dura y ha hecho del programa DACA un elemento del debate político. Sin embargo, con esta decisión del juez Garaufis, hace que sus últimas semanas en la Casa Blanca sean complicados.
“Desde que comenzó su administración, Trump ha recibido golpes en la parte migratoria. Cortes de California han revocado decisiones. Políticamente, Trump debe salir el 20 de enero y a partir de ese momento, el presidente Joe Biden podrá restaurar el DACA en su totalidad”, destacó la especialista en derecho migratorio.
Para aplicar al programa las personas debieron ser menores de 31 años antes del 2012, haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años y estar físicamente en el país en los momentos de la aprobación del DACA y de la presentación del formulario.
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