Las autoridades de Aruba están aplicando una legislación de emergencia para impedir la llegada a la isla de pescado capturado por venezolanos.
La norma, conocida como Ley u Ordenanza de Calamidad, entró en vigencia en abril del año pasado, y tiene disposiciones que otorgan a los cuerpos de seguridad un amplio margen de maniobra, que les permite confiscar, hacer requisiciones y practicar allanamientos.
Una de las medidas aplicadas con base en esta ordenanza ha sido la detención y la confiscación del pescado adquirido por comerciantes marítimos de Aruba, en aguas limítrofes con Venezuela. Por tal razón, ha sido llevado a tribunales el comerciante Albert Laveist. Otros, como Jerwin Peña, han sido afectados mediante el decomiso de las cargas que intentaban trasladar a la isla.
El periodista especializado en criminalística, Javier Ignacio Mayorca, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Cuando comenzó a plantearse la cuarentena por la pandemia del COVID-19, las fronteras aéreas y marítimas con Aruba estaban cerradas, por decisión de Nicolás Maduro. Sin embargo, la realidad era que en Falcón había un tránsito regular de Venezuela a Aruba, de pasajeros que tenían como objetivo emigrar y otros para llevar mercancía. En ese sentido, el gobierno de Aruba emite a ley de Calamidad, bajo la cual pueden decomisar u allanar cualquier cosa”, dijo el periodista.
Para el periodista la ley se desvirtuó en la práctica. “El servicio de guardacostas comenzó a hacer una vigilancia más intensa a los lancheros de Aruba y de Curacao que se acercan a las aguas venezolanas, hacerse de pescados que le vendían pescadores venezolanos. Había un cierto comercio hasta que se dio la detención del pescador Albert Laveist. Él fue enjuiciado por la introducción de 700 kilos de pescados a Aruba”, explicó
Mayorca destacó que los pescadores de Falcón viven de lo que puedan entregar a los lancheros de Aruba. “Como el negocio se ha cortado, han entrado a una situación de social crítica. Esta semana hubo una manifestación en la que la población exigía a las autoridades para que la situación cambie”, agregó.
La respuesta de las autoridades es que la situación no compete al gobernador del Estado Falcón, Victor Clark, sino a un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Aruba para retomar los intercambios comerciales y abrir la frontera.
“La decisión del parlamento venezolano de expulsar a la embajadora de la Unión Europea entorpece todo. Los pescadores del estado Falcón van a tener que esperar mucho más para que se solucione el conflicto”, señaló Mayorca.
El periodista enfatiza que en estos momentos “Venezuela es una carga difícil de llevar para las islas del Caribe. Las expectativas del gobierno de Aruba y de Curacao, es que la migración ilegal se va a incrementar, aún con los riesgos de naufragio que eso implica. Hay una presión fuerte de ONGs para que se admitan como refugiados a los venezolanos que huyen de la realidad del país”, resaltó.
Finalmente, Mayorca explicó que las cifras de migrantes venezolanos en Aruba son dramáticas. “Antes de los naufragios de Trinidad y Tobago, se conocieron varios naufragios de venezolanos que intentaron llegar a Aruba”, puntualizó.
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