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¿Por qué el TSJ arremete contra rectores y universidades?

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impuso una multa contra las universidades y rectoras por la demanda contra la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Las casas de estudios que fueron sancionadas son la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), así como a las rectoras Cecilia García Arocha, de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Jessy Divo, de la Universidad de Carabobo (UC); Milena Bravo, de la Universidad de Oriente (UDO); y Rita Elena Añez, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo).

Pedro Benítez, historiador y analista, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.

“Esto es el mundo al revés, en el cual los venezolanos tenemos viviendo desde enero de 1999, donde la verdad es mentira y el deber ser es todo lo contrario. Lo que destacaría, es que esto ocurre en un contexto en el cual, el gobierno de Maduro ha dado muestras muy importantes de un giro económico. Maduro y la gente lo rodea, están conscientes, de que ellos tienen que restablecer la confianza con la comunidad internacional, por una serie de razones económicas, porque tienen encima a la Corte Penal Internacional, y porque todo el sistema de defensa de derechos humanos están muy pendientes. Sin embargo, pese a eso, tienen decisiones como esta, donde gente que hace uso del deber ser, y que van al TSJ pidiendo un amparo, se convierten en los perseguidos. Esto es una muestra clarísima de cómo Maduro y su gente sigue atrapada por una función autoritaria de la cual no pueden zafarse”, dijo Benítez.

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Además, el organismo rechazó otros dos recursos de nulidad contra la Onapre. El pasado sábado 3 de septiembre la Sala Político Administrativa publicó dos sentencias con ponencias del magistrado Malaquías Gil Rodríguez, en las que se declaró inadmisible las dos demandas presentadas por las universidades el pasado mes de julio.

“Lo que insisto, es que estas decisiones se toman, a sabiendas que perjudicarán sus planes, porque el gobierno necesita inversión extranjera. Una de las informaciones que manejo, es sobre las negociaciones de la petrolera Chevron. Sabemos que hay varios meses negociando una licencia para que pueda operar en Venezuela, y hay negociaciones con el gobierno venezolano para que pueda reanudar sus exportaciones de petróleo. No obstante, no hay forma ni manera de que Chevron haya llegado a un acuerdo con el gobierno nacional”, apuntó.

Finalmente, para el analista, el gobierno se sabotea el mismo.

“Esta ofensiva judicial contra Rafael Ramírez, es como si en la democracia representativa hubieran enjuiciado a Juan Pablo Pérez Alfonzo. Ellos se están enjuiciando su propio legado político. Puede ser por rencillas internas, pero quiero destacar que el tema fundamental es que son demasiados años mandando en Venezuela y se han acostumbrado a esa forma de hacer política, ellos están metidos en sus propia cárcel”, puntualizó.