Gremios del transporte, médicos y comerciantes informales anunciaron un paro indefinido contra el Gobierno de Luis Arce desde el 8 de noviembre. Piden que el ejecutivo derogue la ley sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
Jorge Abastoflor, abogado y analista político boliviano, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“El contenido de esta ley es temido por varios sectores de la población, incluyendo personas que no están agremiadas. Es decir, ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, ya que consideran que les da fuertes facultades a distintas autoridades para poder investigar el patrimonio económico de las personas y empresas. Incluso dentro de esta ley se considera una especie de inmunidad para las personas que realizan las investigaciones”, dijo el analista.
Abastoflor también afirmó que dada a que en Bolivia gran parte de la economía se basa en el sector informal.
“Estas personas no tributan y no registran su actividad económica ante el estado. Se teme que muchas personas puedan ser investigadas y puedan ser consideradas a actos ilícitos y de terrorismo”, explicó.
El gobierno boliviano vincula los delitos de las ganancias ilícitas y financiación al terrorismo.
“Se vincula para tratar de generar una sensación de urgencia para aplicar la norma. Eso hace entrever cuáles podrían ser las consecuencias de las personas investigadas. Una persona podría fácilmente ser acusada de terrorista y ser detenida, porque tuvo un aumento de su patrimonio”, agregó el analista.
Para Abastoflor, el gobierno del presidente Arce pretende arreciar la lucha contra el contrabando y el narcotráfico con esta ley.
“Ambas son áreas muy complejas de abordar. Por lo tanto, se han establecido varias estrategias en la lucha de estos males, que vienen haciendo un daño a la imagen internacional de este país. En ese sentido, se crea esta ley para tratar de socavar esas actividades. Los transportistas y médicos se sienten aludidos, porque está la susceptibilidad de que cualquier ciudadano pueda ser involucrado en este tipo de investigaciones”, puntualizó Abastoflor.
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