SANDY HOOK: DE LA MASACRE A LA JUSTICIA

FA/CMR

El acuerdo de 73 millones de dólares que lograron las familias de nueve víctimas de la Escuela Primaria Sandy Hook en la demanda contra Remington, la empresa fabricante del rifle utilizado por el tirador para matar a 20 alumnos de primer grado y seis educadores en 2012 en Newton, es ahora una hoja de ruta para que las víctimas de otros tiroteos masivos eludan la ley federal y demanden a los fabricantes de armas de fuego.

El caso de la corte civil en Connecticut se centró en cómo se comercializó el arma de fuego, un rifle Bushmaster XM15-E2S, utilizada por el joven Adam Lanza, de 20 años de edad en Newtown, alegando que violó la legislación estatal, ya que se dirigía a consumidores civiles pero por sus características su uso sólo sería  adecuado por parte de personal militar y policial.

Adam Lanza usó el rifle fabricado por Remington y legalmente propiedad de su madre para matar a los niños y educadores el 14 de diciembre de 2012, después de haber matado a su madre en su casa de Newtown.  Después usó una pistola para suicidarse cuando llegó la policía.

 Las familias y un sobreviviente del tiroteo demandaron a Remington en el año 2015, diciendo que la compañía nunca debería haber vendido un arma tan peligrosa al público.  

Entonces Remington había argumentado que no había pruebas para establecer que su comercialización tuviera algo que ver con el tiroteo y argumentó que la demanda debería haber sido desestimada debido a una ley federal que otorga amplia inmunidad a la industria de las armas.  Pero la Corte Suprema de Connecticut dictaminó que Remington podría ser demandado bajo la ley estatal por cómo comercializó el rifle.  El fabricante de armas apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos, que se negó a escuchar el caso.

Remington  se declaró en bancarrota por segunda vez en 2020 y sus activos se vendieron posteriormente a varias empresas. Cuatro aseguradoras de la compañía acordaron pagar el monto total de la cobertura disponible, por un total de $73 millones.

En el acuerdo Remington permitirá que las familias divulguen numerosos documentos que obtuvieron durante la demanda, incluidos los que muestran cómo comercializó el arma.

Josh Koskoff, abogado de los demandantes señaló que “Esta victoria debería servir como una llamada de atención no solo para la industria de las armas, sino también para las compañías de seguros y los  bancos que la sustentan.  Para la industria de las armas, es hora de dejar de comercializar imprudentemente todas las armas para todas las personas y para todos los usos y, en cambio, preguntarse cómo el mercadeo puede reducir el riesgo en lugar de estimularlo”.

No habrá cómo purgar el dolor de la pérdida de un hijo, cómo devolverlo a la vida, sólo el reconocimiento de la corresponsabilidad de una empresa y la revisión que otras de ese mercado deberán hacer para que su mercadeo no pueda considerarse un boomerang en su contra. 

Falta mucho por hacer, pero toda caminata se inicia con un primer paso.