La oposición boliviana convocó este lunes a un paro nacional y a protestas en contra de una ley que impulsa el gobierno de Luis Arce, para investigar fortunas producto de la corrupción y los paraísos fiscales.
La oposición acusa al mandatario de impulsar juicios políticos a los opositores que se oponen a la ley y ciudadanos opositores al gobierno trancaron calles y avenidas de tres principales ciudades del país.
Carlos Cordero, politólogo y profesor universitario, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Detrás de estas movilizaciones y más allá de la protesta de la sociedad civil, estaba el intento del gobierno del presidente Luis Arce y del partido de gobierno, de hacer más fuerte al estado y de restringir las libertades ciudadanas. Hay una ley que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ya ha sido aprobada en primera instancia, y la ciudadanía siente que es una ley violatoria de la privacidad y del derecho profesional. Los ciudadanos sienten esa ley como un atropello y está saliendo en defensa de los derechos civiles”, dijo Cordero.
El gobierno de Luis Arce ha dicho que la nueva ley es para combatir la corrupción y la fuga de capitales. Sin embargo, sus opositores indican que atenta contra la propiedad privada y demás.
“La ley supuestamente intenta poner límites a lo que puede ser un enriquecimiento ilícito, pero el punto es que nuestro sistema de justicia es poco confiable. Si existiera una ley de estas características con una justicia confiable, el ciudadano no tendría ningún problema. No obstante, el sistema judicial está subordinado al poder político y la justicia se utiliza en Bolivia como un mecanismo de persecución política. Toda la sociedad teme que a través de este instrumento, el gobierno le otorgue a los amigos todo y a los adversarios la dureza de la ley”, agregó el analista.
El politólogo comentó que hubo una importante movilización de ciudadanos en las protestas de este lunes.
“Los sectores que se están movilizando y reclamando la aprobación de esta ley están los empresarios, porque están obligados a dar información de sus organizaciones. También están protestando las cooperativas mineras y los comerciantes minoristas”, explicó Cordero.
Para el analista lo que ha hecho el gobierno es una demostración de fuerza.
“El gobierno del presidente Arce movilizó este martes a sus simpatizantes y convocó a manifestaciones en tres grandes ciudades. Lo que queda de aquí en adelante es una respuesta de gobierno. Si el presidente tiene un ánimo de diálogo, se podría ingresar a un proceso de pacificación. No obstante, si es indiferente a las demandas ciudadanas, podemos estar ante un espiral de conflictividad que puede paralizar el país”, puntualizó.
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