Arreaza acusa a EE.UU. por corrupción con sanciones de Citgo

Jorge Arreaza- @Jaarreaza.ve

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó a EE.UU. este miércoles, de amparar la corrupción y los «planes para desmantelar» la industria petrolera de su país, después de que Washington sancionara a la jueza y el fiscal del juicio a seis exjefes de Citgo.

EE.UU. impuso sanciones a la jueza Lorena Carolina Cornielles Ruiz, que presidió el proceso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, y al fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza, que «representó al régimen ilegítimo de el presidente venezolano, Nicolás Maduro», afirmó en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo.

«En su obsesión antivenezolana, el agonizante Gobierno de Trump toma una decisión insólita que sólo puede ser resultado de la barbarie imperial. Amparan la corrupción y los planes para desmantelar nuestra industria petrolera. Han convertido a EEUU en la vergüenza mundial», escribió Arreaza en su cuenta Twitter.

Como consecuencia de las sanciones, por el Departamento del Tesoro, cualquier propiedad o activo de la jueza o del fiscal bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a los estadounidenses efectuar transacciones con ellos.

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También, impuso ocho años y 10 meses de prisión para otros cinco directivos de esa empresa -Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina- por «concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir».

Los seis exejecutivos fueron detenidos hace tres años en Venezuela y el Gobierno de Maduro les acusó de haber firmado contratos que «comprometían el patrimonio nacional y el futuro» de la filial de PDVSA «sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional».

Además, Citgo está bajo el control del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela.

El Gobierno de EE.UU. ha ampliado hasta julio de 2021 la protección a esa compañía, ante la posibilidad de una incautación por parte de los acreedores de PDVSA.