Cortesía
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este 6 de enero a las autoridades de Nicolás Maduro que realicen una investigación «rápida e independiente» por la muerte del pemón Salvador Franco.
«Nos preocupa la muerte en custodia de Salvador Franco, indígena pemón», escribió en twitter la oficina que encabeza Michelle Bachelet.
«Pedimos a las autoridades una investigación rápida e independiente y que adopten todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los detenidos, incluido el acceso de la salud», señalaron en el mensaje.
Por otra parte, este pasado lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación por el fallecimiento del indígena; quien contaría con una orden judicial de traslado no ejecutada.
«(…)El Estado, como garante, tiene el deber de proteger los DDHH de todas las personas bajo su custodia», afirmó la CIDH.
Este pemón fue detenido a finales de 2019 por su presunta implicación en el asalto a un cuartel militar en el sur del país y era considerado por la oposición como un «preso político» del Gobierno de Nicolás Maduro.
El pasado domingo 03 de enero la ONG Foro Penal denunció que su muerte fue causada por la falta de atención médica en el centro de reclusión.
«Fue como a las 8.00 de la mañana (12.00 GMT), falleció en la enfermería del Internado Judicial El Rodeo. Fueron sus familiares quienes nos informaron», dijo a Efe el Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz.
Ortiz añadió que los problemas de salud de Franco estaban documentados. De hecho, confirmó que un juez con competencia en terrorismo había ordenado a finales de noviembre pasado que fuera trasladado a un hospital para que su salud fuera atendida, algo que finalmente no ocurrió.
En un informe médico de la prisión, a Franco se le diagnosticó anemia y bajo conteo de plaquetas. Dos dolencias que Ortiz atribuyó a una posible «desnutrición».
Asimismo, el Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal dijo a Efe que, además, Franco presentaba «síntomas» de covid-19.
«En los últimos meses perdió bastante peso», aseveró.
Franco fue apresado en diciembre de 2019, tras ser acusado de participar en el asalto a un cuartel militar en el sureño estado de Bolívar ocurrido el día 22 de ese año.
En el ataque, dijo en enero de 2020 el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, los asaltantes cargaron con «131 fusiles, 9 cañones, 5 lanzagranadas, 5 escopetas, 2 ametralladores, 209 granadas, 99 bayonetas y miles de cartuchos con municiones para todas estas armas».
Por el asalto se imputó a 18 personas, 13 pemones -todos apresados- y 5 militares.
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