Foto vía: AVESA.
La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) confirmó este lunes que la activista defensora de Derechos Humanos Vanessa Rosales recibió una medida de arresto domiciliario.
Rosales se encontraba detenida desde el pasado mes octubre en el estado Mérida, tras ayudar a una menor de 13 años de edad a interrumpir su embarazo producto de una violación sexual.
Diferentes organizaciones feministas ya habían divulgado un comunicado la semana pasada en el que explicaban que además de imputarle cargos de Aborto inducido por tercero, también se acusó a la activista de agavillamiento y asociación para delinquir.
Esta actuación, consideraron, es una manera de «criminalizar la defensa de los derechos sexuales de las mujeres venezolanas».
Asimismo, dichas organizaciones denunciaron que las autoridades del país violaron el debido proceso en el caso de Rosales.
Según manifestaron, la audiencia de la activista fue hecha fuera de los lapsos correspondientes y se le impidió a sus abogados acceder al expediente.
La violación del debido proceso, argumentaron, no solo vulnera los derechos establecidos en la ley venezolana sino que también rompe acuerdos internacionales que protegen a la mujer.
Hasta ahora, lo que ha generado más rechazo entre los activistas, es que el responsable del abuso sexual continúa fugitivo.
De hecho, el propio Tarek William Saab confirmó este domingo que el hombre, identificado como Carlos Terán, está solicitado por la Sipol aunque permanece en libertad.
«Al precitado sujeto prófugo de la justifica se le solicitado alerta roja vía interpol», agregó en Twitter.
El fiscal de Nicolás Maduro mencionó que la orden de aprehensión fue acordada en el mes de noviembre.
En el comunicado en apoyo a Vanessa Rosales, las organizaciones feministas ya habían resaltado su rechazo hacia este hecho.
«Nos indigna además que el agresor responsable del embarazo de la adolescente de 13 año continue en libertad a pesar de tener orden de aprehensión», afirmaron.
Por otra parte, exhortaron a las autoridades a garantizar la justicia en el caso del abuso; a respetar el debido proceso en el caso de Rosales y a modificar la legislación nacional.
«Venezuela pertenece a la minoría de países en los que el aborto es penalizado aún en las causas de riesgo para la salud de la madre, violación e incompatibilidad del feto con la vida extrauterina», mencionaron.
Diversos voceros han condenado la detención de Vanessa Rosales. Incluso Tamara Adrián, la primera diputada transgénero de Venezuela, se pronunció en redes sociales.
«Así actúa el machismo de la dictadura», sentenció.
Las organizaciones activistas han criticado que las leyes sobre el aborto no se actualizan desde 1873 en el país.
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