En los últimos meses el régimen de Nicolás Maduro recrudeció su persecución a los trabajadores de la prensa en Venezuela. Este jueves, cuerpos de seguridad detuvieron a la periodista Mimi Arriaga.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), confirmó la detención de Arriaga, a quien presuntamente le atribuyen el manejo de una cuenta anónima en redes sociales. Además, el Sntp informó que la vivienda de la periodista fue allanada.
La periodista fue presentada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc); y se espera que en las próximas horas la trasladen a los tribunales de Caracas.
El caso de Mimi Arriaga se suma al de Carol Romero. Otra periodista venezolana que fue detenida hace dos semanas por reportar sobre la escasez de gasolina en Venezuela. Romero quedó en libertad bajo medidas cautelares luego de pasar 24 horas detenidas.
La ONG Provea, que se dedica a evaluar y defender los Derechos Humanos en Venezuela; presentó un informe en el mes de mayo en el que reporta que en el marco del estado alarma, se han registrado 85 detenciones arbitrarias.
De estas 85 detenciones, 22 fueron contra periodistas, en tan solo dos meses. Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), exigió la libertad plena de los periodistas a los que se les abrió juicio; ya que son liberados bajo medidas cautelares.
El CNP denunció que esta arremetida forma parte de «una nueva campaña contra los periodistas venezolanos» por parte del régimen; que a lo largo de su historia ha visto a la prensa en Venezuela como uno de sus principales enemigos.
Desde el cierre del canal de televisión Radio Caracas Televisión en 2007, el chavismo se ocupó de perseguir e intimidar a la prensa «opositora». En 2013, el régimen asestó uno de los golpes más duros al periodismo venezolano al tomar control del canal de noticias Globovision. Único canal de transmisión 24 horas de noticias y que tenía una línea contraria al chavismo.
El régimen asfixió a la directiva del canal con multas y sanciones, por lo que se vieron obligados a vender el canal; que resultó en manos de Raúl Gorrín, un empresario afín a Maduro y que ahora está sancionado por los Estados Unidos.
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