Keith Rowley. Foto: Caricom.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, denunció este miércoles la utilización para fines políticos de los 16 niños venezolanos que regresaron a la isla tras ser deportados el pasado domingo en compañía de algunos adultos.
Rowley emitió a través de las redes sociales una escueta declaración sobre los acontecimientos relacionados con los niños venezolanos que habían entrado de forma ilegal a Trinidad.
Más allá de hablar sobre las consecuencias humanitarias, el mandatario se adentró más en la parte política del caso.
Asimismo, Rowley se refirió al presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Le atribuyó, junto a otros funcionarios, el haber prácticamente declarado la guerra a Trinidad y Tobago por no apoyar un cambio de régimen en Venezuela.
«Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas, sin rostro, armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del estatuto de refugiado«, indicó el primer ministro.
Entretanto, sostuvo que se espera que una pequeña nación abra sus fronteras a un vecino –Venezuela– de más de 30 millones de personas.
Rowley recordó que Trinidad y Tobago ha cerrado sus límites, incluso, para sus propios ciudadanos durante el COVID-19.
En segundo lugar, manifestó que se resistirá con todos los esfuerzos ante quienes están empeñados en forzar la apertura de las fronteras a la inmigración ilegal.
El mandatario consideró que bajo la rúbrica de «humanitaria» se pretende obligar a Trinidad y Tobago a aceptar inmigrantes de naturaleza económica y soportar la acción de traficantes de personas bajo la excusa de que se trata de refugiados.
Rowley, durante su discurso, recordó que Trinidad y Tobago facilitó el registro de 16.000 venezolanos durante los últimos meses.
No obstante, terminó apelando a la solidaridad de la población de Trinidad para con los inmigrantes.
Por otra parte, respecto a la actualidad propiamente de los 16 niños venezolanos, un juez del Tribunal Superior ordenó la liberación inmediata del grupo.
Se encuentran recluidos en un centro de detención de inmigrantes en el helipuerto de la Guardia Costera en Chaguaramas, al norte de la isla.
La jueza Joan Charles argumentó que las leyes trinitarias no prevén la detención y deportación de niños.
Como los menores debían ser puestos en libertad bajo la custodia de familiares, Charles también tuvo que ordenar que liberaran a las madres que acompañaban a algunos.
De hecho, las autoridades detuvieron a los niños justamente cuando se esperaba que se reencontraran con su parientes residentes en Trinidad.
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