Este martes Venezuela no se presentó en la audiencia pautada en la Corte Internacional de Justicia -CIJ-para discutir la soberanía sobre el Esequibo con Guyana, en una disputa que data desde hace más de cien años.
«Respetuosamente le informamos que puesto que Venezuela no aceptó la jurisdicción de la Corte (…) La República Bolivariana de Venezuela no participará», informó Nicolás Maduro.
El país sudamericano ha reiterado que no reconoce a la Corte Internacional de Justicia como organismo legítimo para dirimir esta disputa sobre el Esequibo. El viernes la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que «la posición del Estado venezolano, histórica, ha sido el no reconocimiento de la jurisdicción de esta corte».
El conflicto por el Esequibo data desde la época colonial, cuando Guyana era territorio del Reino Unido. Desde 1835 la autoridades británicas buscaron tomar posesión de territorio más allá del río Esequibo; pero en en 1850 las partes acordaron no adentrarse en zona en disputa.
Con el descubrimiento de importantes recursos minerales sobre ese territorio, Venezuela y Reino Unido acordaron conformar un tribunal de arbitraje imparcial para delimitar las fronteras. Esta instancia se conoce como el «Laudo de París», que falló a favor de la potencia europea y despojó a Venezuela de ese territorio en 1899.
Sin embargo, el país sudamericano rechazó esta sentencia. En 1966 Reino Unido y Venezuela firmaron el Acuerdo de Ginebra para intentar poner fin a la disputa sobre el Esequibo. Este es un punto central del conflcito, ya que Guyana alega que este acuerdo solo representa «un acuerdo para llegar a un acuerdo»; mientras que Caracas afirma que esa firma anula el Laudo de París.
Ante el poco avance, en 1987 las partes acudieron a la Organización de las Naciones Unidas para resolver el conflicto; pero en 2018 la ONU concluyó su gestión y propuso llevar el tema ante la Corte Internacional de Justicia.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Guyana de acudir a esta instancia «para satisfacer intereses de transnacionales petroleras, dirigidas directamente por la Exxon Mobil».
Si bien la oposición venezolana asegura que el régimen actuó con «negligencia» sobre este conflicto, concuerdan en que la disputa con Guyana no debe resolverse en la CIJ.
El diputado Luis Florido afirmó que «el laudo arbitral de París carece de absoluta legalidad», e hizo un llamado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que rectifique sobre los mecanismos de resolución del conflicto.
Asimiso, la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional, reiteró que la CIJ no tiene jurisdicción para admitir la demanda de Guyana.
En ese sentido, el diputado Williams Dávila recordó que «el acuerdo de Ginebra no establece judicializar el conflicto»; al contrario, insta a buscar una solución pacífica y diplomática.
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