El régimen de Nicolás Maduro ha embargado la sede del emblemático periódico El Nacional, como parte del proceso de pago de la indemnización por daños morales que denunció Diosdado Cabello por replicar una información publicada por ABC, en 2015, en la que se develaron los presuntos lazos del número dos del régimen con el narcotráfico.
Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“El proceso comenzó el pasado viernes a las 6:15 de la tarde. A esa hora recibo un mensaje que nos estaban embargando. Llegaron 40 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana armados y desalojaron a todo el personal del periódico y a los inquilinos. No hubo un proceso legal, lo que ocurrió fue un robo y una violación a la propiedad privada por un capricho político. En ninguno de los momentos nos permitieron hacer un acta de constancia, más bien nos sacaron. En la ley venezolana no se puede embargar los viernes ni después de las seis de la tarde”, indicó Makriniotis.
El gerente general de El Nacional indicó que la edición digital, la marca y la página web del medio de comunicación continuará. “Están atacando a los activos, que al final del día solo son papel y piedra. El trabajo se va a continuar porque la libertad de expresión en Venezuela es importante mantenerla. El régimen logró quebrar un país, pero no quebrará al periódico”, agregó.
En cuanto al archivo histórico, Makriniotis indicó que se encuentra parcialmente a salvo.
“Como la demanda tiene varios años y sabíamos que había nacido con sentencia, hemos resguardado parcialmente el archivo histórico. No obstante, aún queda parte del archivo en el edificio. Estamos tratando de salvarlo, porque el embargo solo es la instalación física”, explicó el gerente general.
Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional, dijo que cabello iba a utilizar como uso personal las instalaciones.
“Estoy seguro que esto es un capricho político. Es una venganza contra Miguel Enrique y parte de un grupo del gobierno que quiere dinamitar el diálogo que se comenzará a dar, porque ellos no están participando. Esto que sucedió pone en evidencia que en Venezuela no existe seguridad jurídica ni derechos humanos”, puntualizó Makriniotis
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