¿Qué se oculta tras los datos que la dictadura venezolana no ofrece de su gestión?: directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas lo explica

Venezolanos-EFE

«No hay datos oficiales». Esta es la respuesta más repetida a cualquier pregunta sobre Venezuela. Cada día más se extiende un manto de opacidad cada vez más denso.

Por ello, Transparencia Venezuela remitió un par de peticiones de información a los titulares del Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial para el Control y Prevención de la COVID-19, solicitando datos públicos relacionados con las negociaciones llevadas a cabo para acceder a vacunas y tratamientos contra el virus.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.

Ver más: ¿Cuál es el objetivo de las nuevas sanciones de la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro?

“El gobierno tiene el deber de informar a los venezolanos. Estamos viviendo en una relación entre el poder y los ciudadanos muy desigual. El poder tiene el deber de informar a los ciudadanos”, dijo de Freitas.

Para la fundadora de Transparencia Venezuela, que el gobierno no informe sobre ninguna instancia, va “en contravía con los derechos humanos, porque el acceso a la información pública está establecido en el artículo 13 del Acuerdo de San José. La concepción de la democracia es que los ciudadanos son los dueños del país y los representantes están para dirigir, pero deben rendir cuentas. Eso en Venezuela no sucede y no hay acceso a la información, por lo contrario, hay soberbia por parte de los funcionarios”, explicó.

La defensora de los derechos humanos agregó que “hay muy pocas fuentes de información. Hay algunas bases de datos a las que podemos acceder con ciertas dificultades. Si queremos saber que importa el país, hay que tener un contacto en las aduanas venezolanas. Esto muy complicado”.

Para de Freitas la situación empeora cuando no hay un sistema de justicia que obligue al gobierno a proveer a los ciudadanos de información. “No tenemos un poder judicial que exija al gobierno el cumplimiento de sus deberes”, puntualizó.