Como todos los años, el 26 de junio se celebra el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Este ha sido un tema particularmente difícil en Venezuela. En la última década los casos de abusos y torturas cada vez son mayores.
Así lo registra la ONG Provea, defensora de los Derechos Humanos, en su informe anual. La organización señaló que durante 2019 el número de víctimas de torturas en Venezuela aumentó 526% con respecto al año 2018.
Según Provea, el año pasado 574 personas fueron víctimas de torturas. El registro más alto en los últimos 31 años. De ese número total, 23 murieron como consecuencia de los actos de tortura realizados por los cuerpos de seguridad del Estado.
La Comisión Presidencial del Gobierno interino para los Derechos Humanos, aseguró que «en Venezuela se mantiene como política de Estado» la aplicación de tratos «crueles, inhumanos y degradantes». Además, denunció que «hace más de una década» el país sudamericano no presenta cifras públicas para conocer el número de denuncias recibidas por este tipo de actuaciones.
La Comisión reportó que los organismos con mayor participación en este tipo de tratos son el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); y la Policía Nacional Bolivariana, a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachellet, ha presentado varios informes en los que alerta sobre «casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales» en Venezuela. Durante su visita a Venezuela, Bachellet recomendó al régimen que disolviera a las FAES e investigara a los perpetradores de tratos inhumanos.
Sin embargo, el régimen de Maduro ha hecho caso omiso a sus recomendaciones, e incluso Maduro públicamente reiteró su apoyo a este brazo represor de la PNB. Maduro ha dicho que el informe de la Alta Comisionada está lleno de «mentiras» y que fue «dictado» desde Washington.
En la actualización de su informe a finales de 2019, Michelle Bachelett señaló que las actuaciones del régimen «revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas».
En los últimos años, Venezuela ha tenido casos destacados de torturas que conmovieron a la opinión pública e internacional. Algunos de ellos son:
El primero es Oscár Pérez, quien era un exfuncionario del CICPC que intentó organizar un movimiento armado en contra del régimen de Nicolás Maduro. El 15 de enero de 2018, luego de evadir por varias semanas a los organismos de Maduro, Pérez fue encontrado en una zona cercana a Caracas, donde comenzó un enfrentamiento.
Horas después, los funcionarios del régimen presuntamente posterior a su entrega, asesinaron al expolícia con un tiro a la cabeza. La fiscal de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, informó que llevaría las evidencias de este caso ante la Corte Penal Internacional; por las torturas aplicadas a Pérez y su grupo.
El 8 de octubre de 2018, Fernando Albán, un concejal del partido Primero Justicia que estaba detenido en la sede del SEBIN, murió al caer desde el décimo piso del edificio.
El régimen aseguró que Albán se suicidó, sin embargo otras fuentes con conocimiento del recinto consultadas en su momento por la prensa; alegaron que esta teoría era poco creíble ya que la estructura y la seguridad del edificio no permitían que los presos pasaron tiempo a solas ni tuvieran acceso a las ventanas.
Finalmente está el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio de 2019 a manos de funcionarios de la Dirección General de Containteligencia Militar (DGCIM); los cuales le aplicaron torturas tan severas que terminaron ocasionándole la muerte.
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