Un juez del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago ordenó la liberación este viernes de dos mujeres venezolanas. Ambas ciudadanas se encontraban recluidas en un centro de detención gubernamental desde el pasado mes de noviembre.
La jueza Avason Quinlan-Williams se pronunció así sobre un recurso de hábeas corpus –procedimiento jurídico que permite que cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto– presentado por los abogados de las dos mujeres.
Los abogados solicitaron el auto después de que el Ministro de Seguridad Nacional emitiera órdenes de deportación para las venezolanas en enero. Esto, a pesar de que el Gobierno se había comprometido a no hacerlo hasta que sus reclamos constitucionales fueran escuchados y resueltos.
En su decisión, Quinlan-Williams sostuvo que la detención de las mujeres bajo la orden de deportación era ilegal.
«Por lo tanto, como no puede haber deportación, no puede haber detención», dijo la jueza en su fallo.
De hecho, la experta insistió en que la deportación no es posible a menos que haya una orden de un tribunal.
Los 16 niños deportados en Trinidad y Tobago
Las mujeres formaban parte del grupo de venezolanos que entró ilegalmente en Trinidad y Tobago el pasado 17 de noviembre.
El grupo, en el que había 16 menores de edad, fue arrestado y llevado a la comisaría de la localidad de Erin, donde pasaron cinco noches en prisión.
El 22 de noviembre fueron escoltados fuera de las aguas de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera; una vez que las autoridades de ese país afirmaron no tener conocimiento de una solicitud presentada para detener la deportación.
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Después de pasar dos días en el mar, el grupo regresó a Trinidad y Tobago el 24 de noviembre, donde fueron nuevamente retenidos.
Posteriormente, los venezolanos fueron trasladados al helipuerto Chaguaramas, donde una parte ha permanecido hasta ahora.
En Conexión/ EFE
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