FA/CMR
La Unión Europea sancionó hoy a 19 altos funcionarios del régimen de Maduro por ser » responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales».Además de las sanciones queda claro que el bloque de 27 países no reconocen la elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre. Pero ¿quiénes son los sancionados según el comunicado?
Al comandante del CEOFANB, Remigio Ceballos, se le responsabiliza de “graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas el uso excesivo de la fuerza y tratos inhumanos y degradantes por parte de agentes de la FANB y de las fuerzas subordinadas bajo su mando, incluida la Guardia Nacional Bolivariana. Numerosas fuentes, entre las que figura la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, atribuyen violaciones de los derechos humanos a ese organismo que él dirige.
Al Director de las FAES, José Miguel Domínguez, al General de división y director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Carlos Carvallo, al General de brigada Carlos Terán, director de la Dirección Especial de Investigación Penal y Criminalística de la DGCIM, y a Douglas Rico, Director del CICPC, se les sanciona, entre otras razones diferenciadas para cada uno, por cuanto los organismos que dirigen son acusados de “cometer violaciones de los derechos humanos en Venezuela de manera sistemática como aparecen en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”.
Al General de División, Jesús Vásquez, fiscal general de la Fiscalía Militar se le sanciona por cuanto esa fiscalía “ha estado vinculada a la persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y a la falta de investigación de incidentes, incluido el caso de la muerte del capitán Acosta en 2019. Además, se está aplicando la justicia militar a la población civil”
Al general de Brigada, Manuel Pérez Urdaneta, Viceministro de Relaciones Interiores y Justicia desde 2015, quien fue anteriormente director de la Policía Nacional Bolivariana. En el ejercicio de este cargo, fue responsable de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas el recurso a la fuerza física extrema contra manifestantes pacíficos, cometidas por agentes de la Policía Nacional Bolivariana bajo su mando.
Omar Prieto,Gobernador del estado de Zulia. Se lee en el informe que “en el ejercicio de su cargo, ha menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en el estado de Zulia. Asumió el cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no reconocida después de que el vencedor legítimo de las elecciones se negase a jurar su cargo ante la ANC. Omar Prieto promovió activamente las elecciones no democráticas a la Asamblea Nacional que se celebraron el 6 de diciembre de 2020”.
José Brito.Diputado a la “Asamblea Nacional no elegida democráticamente y presidente de la comisión parlamentaria que investiga las «acciones perpetradas contra la República» por los diputados a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Además, ha asumido de forma ilegítima la dirección del partido de la oposición Primero Justicia, tras una decisión del Tribunal Supremo de junio de 2020. En su calidad de diputado a la Asamblea Nacional, participó asimismo en la elección ilegítima de Luis Eduardo Parra Rivero como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2020, menoscabando así la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. La elección se produjo mientras la policía militar impedía el acceso a la sede de la Asamblea Nacional a varios parlamentarios y sin que hubiera quorum. Por este motivo, los miembros de la oposición tuvieron que organizarse fuera de la sede de la Asamblea Nacional para volver a elegir a Juan Guaidó como presidente”.
Bernabé Gutierrez, “diputado a la Asamblea Nacional no elegida democráticamente y dirigente ilegítimo del partido de la oposición Acción Democrática, obtuvo el control ilegítimo del partido de la oposición Acción Democrática en junio de 2020 a través de una decisión del Tribunal Supremo, participó con este partido en las elecciones no democráticas a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2020, modificó la posición del partido, se sirvió de sus símbolos y participó en las elecciones y en actos públicos, como debates televisados”.
Los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luis Fernando Damiani, Calixto Ortega, Lourdes Suárez, René Degraves, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, como miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, son “responsable de acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y menoscabado los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo en junio de 2020 y la suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020”. A cada uno de ellos se les asignan otras responsabilidades y violaciones.
Aunque a los Rectores del CNE, Indira Alfonso, Leonardo Morales, Tania D’Amelio, se les atribuyeron individualmente otros casos, se les hizo responsables como miembros de la Sala Electoral del TSJ, porque “prepararon y supervisaron las elecciones no democráticas de la Asamblea Nacional que tuvieron lugar el 6 de diciembre de 2020 y participaron en la modificación, el 30 de junio de 2020, de las normas electorales para dichas elecciones”.
A todos ellos se les congelan sus activos y son objeto de prohibiciones de viaje “en vista del deterioro de la situación en Venezuela tras las elecciones de diciembre de 2020”.
Con estos 19 ya son 55, los miembros de esa nueva élite de sancionados, que constituyen un lamentable ejemplo de lo que es ser venezolano.
