El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan. Tras seis meses encerrados, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de 4 años y medio de detención domiciliaria.
Más de un año después, Ferrer fue encarcelado de nuevo por unirse a las recientes protestas ciudadanas del 11 de julio. Sus allegados publicaron este martes 17 de agosto un auto del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba con fecha del 12 de agosto, donde el juez revoca el arresto domiciliario del líder opositor y ordena su encarcelamiento para que cumpla allí los 4 años y 14 días que le restan de condena.
Por otro lado, el gobierno cubano ha emitido un nuevo decreto que prohíbe las personas opinar por las redes sociales.
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Dimas Castellanos, periodista independiente y analista político, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“El objetivo del nuevo decreto es un reacomodo del gobierno. Sencillamente la pérdida del monopolio de la información gracias a las redes y el internet, está obligando al gobierno cubano a actuar a la defensiva. El objetivo es tener un nuevo mecanismo para conservar la represión y al mismo tiempo dar la imagen de que se está modernizando algo”, dijo Castellanos.
El analista comentó que el nuevo decreto ley está lleno de ambigüedades. “Dice que no se puede difundir una información que le haga daño a la soberanía nacional, que afecte a la moral a las persona, esto se resume en leyes para conservar a los gobernantes”, indicó.
Las penas por violar este nuevo decreto, son multas de miles de pesos u otras que se correspondan. “Ahí está la ambigüedad porque si el régimen considera que hay una persona que se debe sacar de la vida pública, pueden argumentar cualquier aspecto para apresarlos. Es una ley a la medida del régimen”, añadió.
El presidente Biden ha prometido que ayudará al pueblo cubano para que tenga acceso libre a internet. No obstante, el régimen indica que eso es inconstitucional.
“Ellos se defienden con el hecho de que Cuba es un estado reconocido por la comunidad de la ONU y cualquier acto desde afuera afecta la soberanía. Todo esto es para esconder lo que está ocurriendo, porque habría que preguntarse que es la soberanía”, explicó Castellanos.
En cuanto a la condena de José Manuel Ferrer, el experto afirmó que responde a la respuesta de un régimen totalitario.
“Es un caso que ya había cumplido prisión en 2003. Después lo volvieron a detener en 2019, le cambiaron la pena en prisión domiciliaria, y ahora lo vuelven a detener. La presión del pueblo cubano aumenta cada día y el gobierno comete el error de creer que aislando algunos de los líderes de José Manuel Ferrer, detendrá un proceso que es indetenible”, puntualizó.
