FA/CMR
Hoy en Ginebra se realizó la tercera y última sesión de reuniones del Consejo de Derechos Humanos ONU en 2021. En ella la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los ingresos de los venezolanos se mantienen «dramáticamente bajos» limitando aún más el acceso a los servicios básicos de los venezolanos. “Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones», así lo pidió a todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela pues, según su parecer, han agravado la precaria situación económica y social de la población en medio de la pandemia.
Sin embargo, las sanciones sectoriales prohíben las transacciones con empresas que se creen que participan en actividades juzgadas ilícitas por cuenta de un gobierno, y en el caso de Venezuela afectan a entidades del sector petrolero y minero, principalmente.
También los venezolanos comparten esa percepción, según la encuesta de Datanálisis del mes de agosto de 2021, donde el 76,4% de los ciudadanos decía rechazar las sanciones petroleras y creer que afectan su vida sin provocar cambios políticos relevantes.
Pero volvamos al resumen del último informe de su oficina, ofrecido por Bachelet sobre el período de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021. En él se resalta que si bien el gobierno de Maduro, ha promovido políticas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad de género, en ese lapso de tiempo, aún le queda enfrentar nuevos desafíos, en cuanto a la mala asignación de recursos, falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales.
También manifestó su preocupación por la falta de data oficial por parte de las autoridades venezolanas que permitan hacer un monitoreo de las políticas públicas que se establecen en Venezuela, por lo que subrayó que «el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido».
En efecto, Transparencia Venezuela ha denunciado repetidamente la falta de transparencia en la información pública, debilidad o ineficiencia de los órganos y sistemas de contraloría, falta de supervisión independiente, carencia de control político de las acciones técnicas gubernamentales.
Reportó que desde junio de 2020 a la fecha han sido excarceladas 152 personas, pero nuevamente pidió que sean liberados todos los presos políticos que hay en el país.
Finalmente, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró confiada en el diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro «Confío en que pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances en la protección de los derechos humanos. También en el compromiso de las autoridades con mi oficina y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación”
