Se espera que la propuesta de Ley para reformar la Electoral Account Act impulsada por la senadora republicana por Maine, Susan Collins, y el senador demócrata de West Virginia, Joe Manchin, establezca una fecha límite para que los estados puedan cambiar sus reglas, afirme que los estados no pueden elegir a sus electores después del día de las elecciones, cree requisitos más estrictos para que el Congreso objete la certificación de los electores de un estado y aclare que el papel del Vicepresidente es ceremonial y no puede rechazar a los electores.
El doctor Emilio Viano, investigador de la American University of Washington, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“La posibilidad para que la ley Electoral Account Act salga adelante es muy pequeña. Como ya hemos visto, los ensayos del presidente Biden y de los demócratas de introducir leyes que favorecen la libertad de voto fueron totalmente anulados por los republicanos en el Congreso. Así que ya hubo una tentativa bien preparada aprobada en la Cámara de Representantes, pero al final anulada por el Senado. Así que es un premonición de lo que va a pasar con otros proyectos de leyes para facilitar el voto. El mandato que los republicanos perciben con la posibilidad de que Trump regrese como candidato para el 2024, impone que se mantenga el estatus quo y que se limite el derecho a votar”, dijo Viano.
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Para el analista, aún con la participación de senadores republicanos como Susan Collins, será complicado que la ley sea aprobada.
“Todo indica que los republicanos quieren limitar al máximo posible el voto de muchas maneras, empezando en negar que se pueda dar una medida de agua que a una persona que está esperando horas para votar, hasta la necesidad de tener documentos de identificación, la prueba de residencia, y eliminar la votación de correo. Lo que estamos viendo es que los republicanos quieren limitar el máximo posible el voto. No creo que haya ninguna voluntad por parte de los republicanos ni de ciertos senadores demócratas conservadores”, expuso.
Lo que la ley quiere imponer es que el rol del vicepresidente en la certificación de los votos es meramente protocolar, que no se incluyan nuevos votante, entre otras cosas que se pueden considerar como coherentes.
“Creo que en realidad el movimiento para limitar el derecho al voto se está enfocando sobre los estados. Es algo que ya existe desde hace tiempo, pero no tan directamente. En ese sentido, ya la misma Constitución le da una cierta razón a ellos de poner más legislaturas en los estados y no en el gobierno federal. El artículo dos de la Constitución, que habla sobre cómo se deben organizar las elecciones, habla que cada estado nombrará en la forma que ordene su legislatura el número de electores”, comentó.
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El profesor enfatizó que ya hay republicanos trumpistas que insisten en que son los estados los encargados de organizar, velar y decidir las elecciones federales.
“Cada estado nombrará en la forma que ordene su legislatura el número de electores. Pensemos lo que pudo pasar en las elecciones pasadas, en varios estados que son muy afines con él, donde la legislatura pudo decidir que no tenían que tomar en cuenta la voluntad popular”, explicó Viano.
En cuanto a las audiencias del comité de investigación de los sucesos del 6 de enero, el profesor comentó que las decisiones definitivas del comité dependerán mucho del resultado de las elecciones de medio término.
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“Es un procedimiento muy lento, estamos en verano y habrán vacaciones hasta septiembre, y no hay mucho tiempo para concluir con la enorme cantidad de documentos. No habrá mucho tiempo para preparar un informe final. Si ganan los republicanos todo este trabajo será archivado e ignorado. Suponiendo que los demócratas sigan controlando la Cámara de Representantes, podría haber seguimiento y mantener vivo el procedimiento hasta una conclusión. Si no se paralizará y finalizará, y quedará de parte de los historiadores escribir lo que sucedió”, apuntó.
Finalmente, Vieno destacó que si los demócratas mantienen cierto control de la Cámara de Representantes, el Congreso mismo podría tomar ciertas acciones.
“La única autoridad que puede percibir esto, es el Departamento de Justicia, que tiene que presentar acusaciones formales en los tribunales”, puntualizó.
