El 4 de agosto de 2022 cuatro diputados de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 tomaron la palabra y discutieron sobre las protestas del sector público y el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). No obstante, veinte días después, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “inexistente” al documento.
Las consideraciones del TSJ, que aseguran que el instructivo no existe en realidad, han levantado una oleada de críticas y opiniones en rechazo. Precisamente el instructivo, anunciado el 22 de marzo, ha motivado más de doscientas concentraciones en el país en cinco meses debido a que violenta los derechos laborales en Venezuela.
Jesús María Casal, doctor en derecho, profesor titular de Derecho Constitucional y decano de la de la Facultad de Derecho de la UCAB, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Evidentemente el documento existe porque se discutió en la Asamblea Nacional y es un acto que se ha aplicado. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente la sala Político-Administrativa incurrió en una gran contradicción, porque en una decisión anterior del 14 de julio, ante el recurso que presentaron varios rectores de universidades nacionales, si admitió el recurso. Allí ya había un acto adicional y el propio Ministerio de Educación Universitaria requería atender ese documento”, dijo
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Para el experto, hay una contradicción del propio Tribunal Constitucional y sin duda es una evasión de las responsabilidades constitucionales del tribunal.
“Evidentemente, cuando hay una acto administrativo y una medida que afecta a los derechos de alguien, más allá que sea un documento hay que admitir el recurso”, añadió.
En el fondo, la decisión tiene una intención política que es crear todas las protestas contra la Onapre, pero el argumento jurídico parece que no tiene sentido.
“No tiene ningún sentido y me parece un exceso que hayan sancionado a los recurrentes y a los jubilados del Ministerio Público, porque supuestamente se estarían prestando para una campaña de desestabilización y desinformación”, explicó.
Finalmente, Casal destacó que esto es una doble violación al sistema judicial.
“Pareciera que el gobierno asume que no puede mantener al pie de la letra el instructivo, el Ejecutivo no quiere aceptar que fue una rectificación”, puntualizó.
