En Venezuela, desde el 2015, once personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos, en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”, exponen defensores de derechos fundamentales. Gonzalo Himiob, director-vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona muera bajo custodia del Estado, sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
Himiob amplió la información en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Es una cifra verdaderamente lamentable. Por supuesto, muy baja si la comparamos con los presos comunes que están muriendo en nuestras cárceles. En estos casos lo que resalta, es que se tratan de personas que están arbitrariamente encarceladas por criterios políticos, y además son personas que han fallecido bajo custodia del estado en dos circunstancias fácilmente identificables. La primera, por falta de de asistencia médica oportuna y adecuada. Cuando analizamos la situación, nos damos cuenta de dos cosas. La primera, es que el estado está incumpliendo gravemente la obligación constitucional que tiene por verla por la vida de las personas que están bajo su custodia. Lo segundo, es que en la gran mayoría de los casos, la atención médica que ellos requieren y las condiciones en las que están encarceladas, demuestran que hay una intención sistemática de mantenerlos en una condición su vida se vea comprometida”, dijo Himiob.
Ver más: Coordinador del OVCS, Marco Antonio Ponce: «Los venezolanos están en las calles, pero no hay una conducción política y democrática de las manifestaciones»
En cuanto al caso del general Baduel, se conoce que lo someten a una operación en condiciones no óptimas, y además lo opera un médico que luego nos enteramos que estaba vinculado a Iris Varela. Luego, en cuestión de días falleció.
“El problema con estas muertes, no solo la de Baduel, sino la de todas las personas que fallecen en estas condiciones, es que cuesta mucho que se sepa ciertamente lo que pasó. Las autopsias terminan siendo manipuladas y a los familiares no se les permite acceso a los reportes ni a los servicios médicos de esas personas injustamente encarceladas. Tampoco es la primera vez que estos cuadros tienen que ver más con las fórmulas en las condiciones en las que están encarcelados”, agregó.
Para el experto, el mensaje del gobierno, es que pueden hacer con la salud de las personas lo que quieran, para que se abstengan de alzar la voz contra ellos.
“Lo que ocurre es que lo primero que hace el poder ante un fallecimiento de un preso político de un alto perfil, es atacar con una narrativa en particular, con la finalidad de encubrir las responsabilidades de la cadena de mando. El encubrimiento es una práctica delictiva. Hay unas responsabilidades que se distribuyen en diferentes niveles de la cadena mando”, enfatizó.
Finalmente, Himiob destacó que desde el Foro Penal han insistido a que esto se investigue y llegue hasta las últimas consecuencias.
