El Estado no investiga 98% de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. En un informe reciente, elaborado con hechos ocurridos en diciembre, la organización reportó la presencia, permanencia y actuación de grupos armados irregulares en poblaciones fronterizas. Para ese mes, Bolívar lideró la lista de estados más peligrosos del país. El Estado venezolano no investiga 98% de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela, reportó Fundaredes en un informe desarrollado con datos recabados el pasado diciembre. La organización se basó en un estudio presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia, hecho en el mismo mes, donde reportó los abusos de los cuerpos de seguridad.
Adriángela Álvarez, investigadora de FundaRedes, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Fundaredes ha demostrado durante varios años la presencia de grupos armados irregulares y bandas criminales en la frontera venezolana. Además, hemos documentado que el 98% de las ejecuciones extrajudiciales no son investigadas por el estado venezolano. A través de nuestra documentación, hicimos una recopilación que indica esto. También hacemos un análisis de los presuntos enfrentamientos armados en el área de frontera. También documentamos homicidios y secuestro en esta área”, dijo Álvarez.
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La investigadora señaló que ese 98% de ejecuciones extrajudiciales que no se investigan, van de la mano de cuerpos de seguridad del estado como Guardia Nacional, CIPC, Dgcim o la antigua Faes.
“Hoy vemos un estado de preocupación en la población que vive en las zonas fronterizas, debido a la ausencia de seguridad por parte del estado venezolano”, apuntó.
Para la analista, los cuerpos de seguridad actúan de esta forma porque tienen el respaldo del gobierno nacional y las autoridades de alto poder.
“Vemos también como estas personas apoyan a miembros de grupos criminales como el Tren de Aragua. Efectivamente, lo que vemos es la vulneración de los derechos de la población venezolana”, explicó.
Finalmente, Álvarez destacó que los cuerpos de seguridad han tomado la ley por sus propias manos y no han aplicado el debido proceso a las bandas criminales.
“No investigan porque no le convienen, porque hay una ganancia de por medio. Porque vemos como el Tren de Aragua está en los pasos ilegales conocidos como trochas. Ejercen el poder junto a la guerrilla del ELN, donde también operan funcionarios de la Guardia Nacional”, puntualizó.
