La Corte Penal Internacional (CPI) le otorgó una prórroga de tres meses al régimen de Nicolás Maduro para que presente su informe de respuesta, ante la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El texto del fiscal de la CPI, Karim Khan, indica que “en espíritu de cooperación, diálogo y equidad, se aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses (16 de abril de 2022)“, dado que el plazo inicial para responder a las acusaciones vencía el pasado domingo.
El fiscal también indica que la prórroga da tiempo para que él mismo viaje a Venezuela y pueda “entablar un diálogo significativo con el Gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos”.
Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en Derecho Internacional, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Hay que recordar que todo el sistema de normas de la CPI fue redactado por Estados. Es decir, es un tribunal creado por Estados, y por lo tanto, a lo largo de todo el proceso hay una gran deferencia hacia las autoridades del Estado. La normativa dice que cuando la fiscalía inicia una investigación formal, como la que se inició en Venezuela, el pasado 3 de noviembre, hay que notificar el Estado involucrado y a todos los demás Estados aparte de la CPI”, dijo de Alba.
El experto destacó que lo primero que se conoce con la comunicación de la CPI es que la fiscalía no realizó esa notificación el mes de noviembre, sino el 16 de diciembre de 2021.
“Eso tiene una consecuencia importante, porque es a partir de esa notificación que la corte le otorga al estado involucrado la oportunidad para cuestionar el inicio de la investigación. El régimen de Maduro tenía hasta el 16 de enero para responder, pero ocurrieron varias cosas. El inicio de la investigación estuvo acompañado por la firma de un memorándum de entendimiento entre el fiscal Khan y el gobierno de Maduro. Ese memorándum da la oportunidad de que la justicia venezolana actúe en consonancia de lo que exige la CPI, que es investigar a los altos responsables de crímenes de lesa humanidad”, explicó el abogado.
El especialista señaló que mientras transcurrieron los primeros dos meses, la fiscalía de la CPI mantuvo una comunicación constante con el régimen de Maduro.
“Estaba previsto que una delegación del gobierno de Maduro viajara a la Haya, pero el gobierno holandés no autorizó el aterrizaje del avión. Teniendo eso en cuenta, la Fiscalía otorga unos meses más para ver si cuestionan o no el inicio de la investigación. Asimismo, el fiscal Khan asoma la posibilidad de volver a Venezuela para seguir determinando la voluntad del Estado venezolano en enjuiciar a los altos responsable de crímenes de lesa humanidad”, explicó.
Fuera del tecnicismo legal, de Alba expuso que el fiscal Khan quiere darles una oportunidad a las autoridades del gobierno de Maduro.
“Si no hay una respuesta satisfactoria por parte del gobierno de Maduro, lo más probable es que la fiscalía de la CPI continúe con la investigación formal. Ahora, digamos que el gobierno de Maduro no esté de acuerdo con el inicio de la investigación, tendrá que presentar un informe detallado de cómo ha funcionado la justicia venezolana en los casos que hayan llegado a la CPI. Luego, el fiscal Khan tendrá que decidir si detiene la investigación o la continúa”, indicó.
Finalmente, de Alba detalló que todo esto tiene que ver con la intención del fiscal Khan para presionar a Maduro.
“El fiscal Khan presiona de forma muy diplomática a Maduro, para ver si dentro del régimen venezolano hay voluntad o no de iniciar los procesos de enjuiciamiento sobre los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Lo peor que le puede ocurrir a Maduro es que la fiscalía avance con la investigación y tenga las herramientas para recabar suficientes pruebas. Si eso sucede, podrían presentar una solicitud de arresto de los responsables de los crímenes de lesa humanidad”, puntualizó.
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