Washington ha llegado a un acuerdo de 518 millones de dólares (491,87 millones de euros) con los distribuidores de medicamentos McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health por su papel en alimentar la epidemia de opiáceos en el estado.
Al principio, Washington había optado por no participar en un acuerdo de opioides a nivel nacional de 26.000 millones de dólares que involucraba a los tres mayores distribuidores de medicamentos de Estados Unidos y a la compañía Johnson & Johnson.
El profesor Timothy Lytton, abogado y especialista del Center for Law, Health and Society, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
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“Nosotros hemos visto el fenómeno del litigio contra las compañías de opioides desde hace dos décadas y ese litigio comenzó en el año 2000 y ha dado luz a tres cosas. Las prácticas de diseño de las pastillas y sus aspectos adictivos, el marketing de tratar de proponer que los médicos recetan más y más opioides, y tercero, las prácticas de distribución. Es decir, se están distribuyendo de manera desproporcionada opioides a pueblos pequeños que realmente no tienen tanta necesidad. Ese tipo de distribución termina siendo ilegal”, dijo Lytton.
El experto afirmó que los litigios tratan de ponerle responsabilidad a las crisis de las compañías farmacéuticas.
“Hasta ahora hemos visto más de 3.000 demandas en las cortes federales, que son consolidadas en procesos. Hay un convenio de 26 billones de dólares contra cuatro compañías farmacéuticas. También tenemos demandas civiles en las cortes estatales que son apartes y son descentralizadas. En esa instancia podemos ver juicios de millones de dólares. En este sentido, tenemos dos caminos, uno es el federal consolidada y otro estatal que es descentralizada”, explicó.
Se han visto casos que una ciudad o un Estado ha demandado a una compañía farmacéutica por la distribución de opioides.
“Las ciudades tienen que pagar los gastos sociales de la crisis de adicción de los opioides. Ellos están poniendo demandas para recibir de las compañías dinero para remplazar ese dinero que es el del pueblo y los impuestos. Es una manera de recuperar los gastos del gobierno”, describió el abogado.
Sin embargo, para el especialista los gobiernos también tienen su carga de culpa.
“Hay que decir que el gobierno federal no hizo regulaciones suficientemente fuertes para mantener el control sobre la distribución de esas pastillas. De esa forma, el gobierno federal también tiene culpa”, acotó.
Finalmente, Lytton destacó que como sociedad se necesitan más programas de tratamiento para los adictos.
“Eso requiere muchos recursos. Hoy en día, solo tenemos recursos para 10% de las personas que necesitan tratamiento”, puntualizó.
