Un juez federal de Estados Unidos prohibió indefinidamente el martes en la noche que el gobierno del presidente Joe Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones.
El juez federal de distrito Drew Tipton emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, que alegó que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el estado.
El abogado Jaime Barron, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Una de las propuestas del presidente Biden era tratar de congelar las deportaciones, mientras se determinaba quién debe ser deportado y quién no. Sin embargo, el estado de Texas se oponía, argumentado que era inconstitucional y el juez Tipton está de acuerdo. Por lo tanto, siguen las deportaciones normales. Hemos regresado a la ley anterior, a menos que el presidente Biden apele la decisión”, dijo el abogado.
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Barron, explicó que el juez Tipton considera la medida de Biden como “abuso de poder”. “El juez federal está tratando de usar esto para decir que es excesiva y demasiada amplia la orden”.
Lo que se espera es que desde la Casa Blanca apelen esta decisión. “También podrían hacer otra propuesta o una orden ejecutiva no tan amplia. El camino es apelar la decisión, o dictar otra orden menos amplia para que no tenga tanta oposición”.
Barrón agregó que lo que está en juego es un juego político. “Con las decisiones de Biden se hacen ver que las decisiones de Trump eran demasiadas conservadoras. Ahora Biden se está yendo al otro extremo. Esto indica la primera pelea de las muchas que va a ver, entre los puntos de vista de los partidos políticos”, explicó.
Todas las personas migrantes están a la expectativa de lo que pueda suceder y cuál es su estatus en estos momentos. “Afecta solo a las personas que estaban en el proceso de deportación. Lo que el presidente quería hacer era analizar todos los casos, porque consideraba que había exceso de detenciones en la administración Trump”, añadió.
Finalmente, para Barron la decisión del juez es “una muestra del poder republicano para poder oponerse a cada una de las medidas que tenga que ver con la ley de inmigración”.
