Tras estar desaparecido por más de 24 horas, el círculo de Maduro confirmó la detención del periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño. La acusación es de presuntos delitos contra “el orden constitucional”.
Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información del régimen, Freddy Ñañez, que aseguró que Carreño “fue capturado in fraganti y ha confesado su participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República”.
Tarek William Saab, declaró que a Carreño lo sindican de haber entregado “armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional”.
Ana Leonor Acosta, abogada y defensora de los derechos humanos abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
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“En víspera de cumplirse las 48 horas de esta detención arbitraria que la seguimos llamando detención forzada. Roland Carreño no se ha comunicado con su familia ni con sus abogados. La única información que conocemos es la que ha dado el gobierno por medio de sus funcionarios: el Ministro de Comunicación y el Fiscal General. Sabemos que existe una detención arbitraria y que ha violado el derecho de presunción de inocencia, ya que se ha dicho que ha confesado el delito. Hemos podido conversar con el juez para decirle que la defensa privada está presente. Sin embargo, nos han dicho que nos retiremos, debido a que por la pandemia no podemos estar dentro del tribunal”, dijo Acosta.
A pesar de que el Fiscal General, Tareck William Saab afirmó que Carreño confesó, queda la duda sobre en qué condiciones hizo esa confesión.
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“Nuestro código jurídico y el código procesal prevé que cualquier confesión que se haga debe ser en presencia de su abogado y eso no se ha permitido. Además de eso sabemos cuáles son los métodos que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para obtener estas confesiones. Tenemos entendido que a Carreño lo obligaron a grabar varios videos. Ha quedado reflejado en el informe de la Comisión de Verificación de la ONU, cuáles son las prácticas del régimen de Maduro”, explicó la abogada.
En el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y en el de la Comisión de Verificación de Hechos, se deja ver cómo el círculo de Maduro viola los derechos humanos.
“Después del informe de la Comisión de Verificación de Hechos, lo primero que debió ocurrir en Venezuela es abrirse una investigación. Sin embargo, estamos al frente de un gobierno que no respeta el estado de derecho, cuyas instituciones no funcionan, sino que se utilizan para mantener a Nicolás Maduro del poder. Hay impunidad y eso ha permitido que sigan torturando a venezolanos inocentes”, puntualizó Acosta.
Finalmente, la abogada resaltó que “no hay información certera de dónde se encuentra el periodista Roland Carreño”.
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