La llegada del Coronavirus a Latinoamérica, lamentablemente, fue utilizado como una oportunidad para afianzar la pandemia del autoritarismo. La situación en Venezuela no es diferente.
Cuando se decretó el estado de alarma en Venezuela, como medida para enfrentar la pandemia, en lo social el país sufría las consecuencias de una emergencia humanitaria completa, generando la crisis migratoria más grave de la región en los últimos años, mientras que en lo político se había dejado de funcionar como una democracia. La política de atención a la pandemia subordinó la salud y bienestar de la población a la vigilancia territorial y el incremento de los mecanismos de intimidación y censura.
La estrategia de simulación de normalidad y control de la enfermedad profundizó la hegemonía comunicacional. Cualquier información que interpelara la narrativa estatal sobre la evolución del coronavirus, o discrepara en el número de casos y fallecidos, generaba consecuencias para sus voceros.
Rafael Uzcátegui, coordinador General de Provea, abordó el tema en el programa En Conexión conducido por César Miguel Rondón.
“La situación de los venezolanos continúa siendo muy crítica, porque eso que conocíamos como la emergencia humanitaria compleja, se agravó por efectos de la pandemia. En estos momentos, todavía no conocemos las cifras reales de comportamiento de esta enfermedad en Venezuela durante todo el año. No sabemos la verdadera cantidad de contagiados y fallecidos y tampoco se tomaron medidas para fortalecer el sistema de salud pública. Todo esto implica que cuando salgamos de la situación de pandemia, Venezuela continuará teniendo un sistema de salud muy precario y habrá una crisis profunda en los servicios básicos”, dijo Uzcátegui.
Para el experto, el coronavirus fue utilizado por el gobierno como una oportunidad de aumentar el control sobre los venezolanos.
“Un ejemplo fue la polémica ley de ciudades comunales, que en una situación normal hubiera generado muchísima resistencia, pero se promovió en estos momentos aprovechando la situación de restricción. Además, ha habido numerosos ataques ante diversos sectores de la sociedad como la academia, los periodistas y los defensores de derechos humanos”, agregó.
Más allá del panorama poco alentador para los venezolanos en materia de derechos humanos, el coordinador de Provea rescata un punto positivo.
“Lo positivo fue la actuación de los organismos internacionales de defensa de derechos humanos sobre Venezuela. Estos organismos han ido escalando su presión en el país, ya que las autoridades no han solucionado la violación de derechos humanos. Asimismo, el anuncio de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre nuestro país, es una decisión histórica”, explicó.
Uzcátegui también señaló que en las próximas horas se reunirán los Estados que conforman los Estatutos de Roma con el fiscal de la CPI.
“El fiscal informará cuáles son los siguientes pasos sobre Venezuela y cuál será el plan de trabajo. A las organizaciones nos toca seguir documentando de forma muy precisa todas las violaciones de los derechos humanos”, puntualizó.
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