El régimen cubano continúa con su represión e intimidación a los ciudadanos. Este miércoles comenzó el juicio de 57 personas detenidas durante las protestas del 11 de julio, muchos de ellos menores de edad.
La Fiscalía cubana ha pedido para algunos acusados una sentencia de 30 años de prisión por el presunto delito de sedición. Por su parte, varias organizaciones no gubernamentales han denunciado la falta de garantías y la fabricación de pruebas.
Yaxys Cires Dib, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Los juicios son la escenificación del último acto de un proceso que ha carecido de garantías judiciales de las más elementales. Es un proceso que ha sido condenado por instituciones de defensa de los derechos humanos internacionales. Lo que esperamos es la confirmación de un atropello del debido proceso, porque esas personas están injustamente detenidas y enjuiciadas”, indicó Cires Dib.
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Lo que más escandaliza del proceder es que los fiscales cubanos están pidiendo la pena máxima para varios detenidos, incluyendo los 14 adolescentes presos.
“Pareciera que manifestar en Cuba trae consecuencias como si se hubiera cometido el delito de homicidio. Lamentablemente, en esa situación hay varios menores de edad. El martes enviamos una denuncia a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y al Parlamento Europeo, sobre la prisión injusta la indefensión de los menores de edad en Cuba”, agregó.
El defensor de los derechos humanos también manifestó que los abogados que defienden a los ciudadanos no pueden ejercer libremente su profesión.
“Los abogados que participan en la defensa de acusados pertenecen a un organismo estatal que se llama Bufete Colectivo, por la cual es evidente que el régimen ejerce un control sobre ellos. Es una situación lamentable, porque esto contribuye a aumentar los grados de indefensión de los ciudadanos”, señaló.
Uno de los casos más emblemáticos es el del artista Luis Manuel Alcántara, a quien no lo liberan porque el régimen lo considera como “un peligro social”.
“Un peligro social en Cuba no es un ladrón ni un asesino, sino una persona que se manifiesta en contra del régimen. Es decir, cualquier persona que se manifieste porque no hay agua o que los hospitales son ineficientes, son considerados como un peligro social”, añadió.
Finalmente, Cires Dib destacó que el régimen cubano se juega la carta de la venganza y el escarmiento para que no se vuelvan a repetir protestas como las del pasado 11 de julio.
