En Venezuela, reina la impunidad

Una de las recomendaciones del más reciente informe que sobre Venezuela hace Human Rights Watch, es la urgencia de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela,  analicen la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure, así como la posible responsabilidad de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado los abusos o no habrían adoptado las medidas necesarias para prevenir estos delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus actos.

 José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch apunta que “Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro. Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”.

Para realizar este nuevo informe,  Human Rights Watch entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono, entre marzo y abril. Entre ellas se incluyen 38 personas que habían huido de Apure, así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Además investigaron información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas y otras pruebas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia.

Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron, sin orden de allanamiento ni órdenes de detención judicial, en viviendas de familias campesinas de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, y sacaron por la fuerza a sus habitantes, les ordenaron cubrirse la cabeza con sus camisetas, les golpearon y amenazaron con matarlos.

Como nos afirmara esta mañana en nuestro programa de radio Día a Día, Tamara Taraciuk, subdirectora interina para las Américas, “Mientras el régimen dice que está combatiendo a las guerrillas, lo que está haciendo es cometer ejecuciones extrajudiciales contra campesinos, detenciones arbitrarias y procesos de civiles ante tribunales militares. Estos incidentes parecen ser una pelea de parte del régimen contra una de las disidencias para controlar el territorio y las actividades ilegales de esa zona”.

Incluso el 28 de marzo pasado, Nicolás Maduro, acusó a su par colombiano, Iván Duque, de estar detrás de un plan que pretende generar una confrontación militar entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones, en el marco de un operativo venezolano contra grupos armados irregulares en la frontera. «Es lo que llaman en la geopolítica la guerra de perros, y (el presidente colombiano Iván) Duque está metido hasta los teque (fondo) en este plan de escalar una confrontación violenta, porque la viene buscando”.

Lo increíble es el cinismo que exhibe el dictador cuando dice que: “Quieren escalar un ataque poderoso a la unidad militar, una masacre contra nuestra Fuerza Armada (que genere) una respuesta contundente y comience entonces una confrontación directa entre las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas de Venezuela”

¿Fuerzas Armadas o la narcoguerrilla de sus amigos? ¿a quién protege Maduro?

En el informe de HRW leemos que  el 25 de marzo, “ las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, según contó un familiar. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas”.

Taraciuk advierte que en las ejecuciones que documentan, se está  hablando de 4 miembros de una familia que son campesinos y que se los llevaron con vida de sus casas y luego aparecieron muertos. Hemos analizado las fotografías de los cadáveres y nos dicen que todos los cuerpos siguen un patrón, estaban puestos de la misma forma”

Las fuerzas de seguridad que los entrevistados, peritos y analistas identificaron como responsables de los abusos, incluyen a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Recordemos que a principios de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela dio inicio a la Operación Escudo Bolivariano para conmemorar el aniversario del fallecimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez y “combatir y expulsar amenazas internas y externas, y grupos armados colombianos”

La subdirectora interina para las Américas, concluye que “Todo lo que vemos en Apure no es un caso aislado, sino que es el mismo patrón que venimos documentando en Venezuela que ha llevado a que el país esté ante los ojos de los tribunales internacionales”.

Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos. Se trata de  grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias conocidas como Frente Décimo Martín Villa y Segunda Marquetalia, ambas formadas a partir de la desmovilización de las FARC después del acuerdo de paz de 2016, que operan tanto en Arauca como en Apure.

La Segunda Marquetalia fue creada en agosto de 2019, por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien había sido el segundo comandante y jefe negociador de las FARC, así como por otros ex comandantes de esa guerrilla.

Recordemos que en abril apareció Iván Márquez en un video reiterando su lealtad a Nicolás Maduro, explicando que la lucha es contra el gobierno colombiano y buscando desmarcarse de los incidentes de Apure. Sin embargo, se conoce que este grupo combate contra el Frente Décimo Martín Villa por el control del narcotráfico en la frontera.

En el informe de HRW se menciona la posibilidad de que  la Segunda Marquetalia tenga nexos estrechos con el gobierno de Maduro.

A esta altura con ¿creen ustedes que aún quedan cabos sueltos? o  ¿está claro que en Venezuela lo que reina es la impunidad?.