HACER LEGAL LA TRAMPA

Altos funcionarios estatales se preparan para el caso de la Corte Suprema que podría acabar con la democracia, así titula MSN, el artículo de Ja’han Jones que refiere que “Trece fiscales generales estatales de derecha, muchos provenientes de estados que formaban parte de la Confederación, firmaron en apoyo de una demanda que se presentará ante la Corte Suprema que daría a los legisladores estatales vía libre para trazar los límites de los distritos del Congreso sobre la objeción de los tribunales estatales. Podría abrir la puerta para que los estados desafíen esencialmente a los votantes y asignen votos electorales al candidato presidencial que quieran”. Estos son los estados de los trece fiscales Alabama, Arizona, Arkansas, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipí, Montana, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Utah. 

Otro grupo que representa a los presidentes del Tribunal Supremo de los 50 estados presentó un escrito instando a la Corte Suprema a fallar en contra de los republicanos de Carolina del Norte en Moore v. Harper y cuestionaron las afirmaciones de que la cláusula electoral prohíbe a los tribunales estatales revisar las leyes electorales bajo las constituciones estatales.“La Cláusula de Elecciones no deroga la autoridad de los tribunales estatales para decidir cuál es la ley electoral estatal, incluso si se apega a las constituciones estatales y estadounidenses”, escribieron los abogados de la Conferencia de Presidentes de Tribunales Supremos”

El caso, Moore v. Harper, se deriva de una demanda presentada por los republicanos de Carolina del Norte, quienes argumentan que la Corte Suprema del estado no tiene derecho a aplicar la constitución estatal para prohibirles autorizar mapas extremadamente manipulados. Ese reclamo de supremacía de los legisladores se basa en una teoría antidemocrática conocida como la teoría de la legislatura estatal independiente.

Llevado a su fin lógico, el argumento de los demandantes significa efectivamente que los republicanos de Carolina del Norte, que se manipularon a sí mismos en la mayoría de la Cámara estatal, pueden aprobar cualquier cantidad de leyes que restrinjan el derecho al voto sin pasar por alto las leyes estatales, las constituciones estatales, los tribunales estatales y otros controles de su poder. Y con ese poder, los legisladores aparentemente podrían idear formas de mantenerse en la mayoría del Congreso indefinidamente sin prácticamente nadie que los detenga.

Las posibles consecuencias podrían extenderse aún más. La teoría llevaría las elecciones al caos, anulando cientos de reglas electorales establecidas a través de iniciativas electorales, constituciones estatales y regulaciones administrativas, incluidas políticas estatales fundamentales como los procesos para el registro de votantes y la votación por correo y garantías básicas como la votación secreta. Los legisladores estatales podrían adoptar una legislación de supresión de votos sin controles ni contrapesos de los tribunales estatales o incluso veto del gobernador. En otras palabras, la teoría cambiaría aspectos clave de las elecciones en EEUU.

La Corte Suprema está programada para escuchar los argumentos del caso en la próxima sesión, que comenzará en octubre. 

Si la corte de tendencia conservadora se pone del lado de los republicanos en Carolina del Norte, estará sentando las bases para un cambio radical en la política democrática norteamericana