La comisión presidencial para los derechos Humanos y atención a las Victimas presentó ante la Asamblea Nacional electa en 2015, un informe en el que se registró que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) cometió más de 500 ejecuciones extrajudiciales durante el año 2020.
Humberto Prado, comisionado del gobierno interino de Venezuela para los derechos humanos, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Hemos presentado ante la Comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 el informe 2020 de la situación de derechos humanos en Venezuela, un país que definimos como un estado fallido por la situación que se vive por la usurpación, la falta de autoridad y la ausencia de servicios públicos. Este informe tiene 400 páginas y está dividido en cinco bloques: Venezuela ante las organizaciones de derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, grupos de vulnerabilidad y, grupos de migrantes y refugiados”, destacó Prado.
El comisionado de los derechos humanos expuso que han hecho seguimiento de las ejecuciones extrajudiciales. “Logramos tener en primer término a 400 víctimas identificadas con nombre y apellido. Luego hay 525 personas que no están identificadas. Esto se asemeja mucho a lo que presentó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bahcelet, quien en su informe reflejo 2.500 ejecuciones extrajudiciales”, agregó.
En cuanto a las detenciones arbitrarias también se destaca un número elevado. “Lo importante es que hemos logrado sacar a la luz pública lo que ha sucedido en nuestro país durante el año 2020”, señaló Prado.
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El defensor de los derechos humanos enfatizó en que “La FAES es un grupo de exterminio. Lo hemos visto con lo que acaba de pasar en el estado Apure. Las FAES las sueltan para ejecutar y desaparecer personas. También están las denuncias de la masacre de La Vega y Petare. Es un mismo patrón de exterminio que hemos denunciado en el informe”, añadió.
Al frente de las FAES está un individuo identificado como alias “Miguelito”, quien era jefe de los colectivos. No obstante, no está claro a quién responde “Miguelito”.
“Él depende directamente del ministerio de Relaciones de Interior, Justicia y Paz. En la cadena de mando debería estar directamente la instrucción de la ministra. Aquí no se vale decir que Miguelito estaba actuando por cuenta propia. La responsabilidad penal investiga la cadena de mando. En casos de crímenes de lesa humanidad no vale el indulto. Hay una responsabilidad directa en Vladimir Padrino López y Carmen Melendez, ellos son responsables de las muertes del FAES”, puntualizó Prado.
