El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) este martes declaró nula la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) que encabezaba Juan Guaidó desde el mes de enero y en su lugar ratificó a Luis Parra, un disidente de la oposición.
Recordemos que Luis Parra, Franklin Duarte y José Noriega fueron electos en la junta directiva del parlamento el 5 de enero de 2020. Sin embargo, Juan Guaidó no pudo entrar ese día al palacio legislativo.
En una entrevista para el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón, el abogado especialista en Derecho Constitucional y Procesal, Juan Manuel Raffalli, explicó las implicaciones que tiene la decisión del TSJ.
En primer lugar, el experto detalló que la sentencia carece de motivación y presenta unas contradicciones que la vician.
«Entre otras cosas, hacen uso del derecho público con laxitud y en beneficio de una sola parte interesada», agregó.
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Asimismo, puntualizó Raffalli, en la declaración del TSJ no se señala que el 5 de enero de 2020 se le impidió el ingreso al hemiciclo a Juan Guaidó y a otros diputados.
«Al decirse que no puede haber un parlamento paralelo también se incurre en otro error sustancial desde punto de vista de constitucional», sostuvo, argumentando que para efectos de la ley la única Asamblea en funciones es la electa en el 2015.
Para el abogado, la sentencia del TSJ no tiene amparo en la Constitución, sino que más bien, es «meramente declarativa».
¿Qué puede pasar en el país?
De acuerdo con el especialista en derecho, hay varias cosas coincidiendo en Venezuela en estos momentos.
La llegada de los barcos iraníes con combustible, dijo, es un hecho que ha llevado al régimen a tener una posición triunfalista.
«Yo lo grave que veo de la sentencia de ayer es que aleja la posibilidad de un Consejo Nacional Electoral (CNE) de consenso y, en consecuencia, imposibilita la realización de una verdadera elección parlamentaria que podría ser una vía de solución a la crisis», advirtió.
Según Raffalli, tras la sentencia del TSJ «claramente» el país se dirige hacia la designación de un CNE acomodaticio. Esto, a su juicio, podría representar un problema para el sector opositor en Venezuela, quien tendría que decidir si concurrir o no, en unas eventuales elecciones.
«Esto nos vuelve a ubicar por el mal camino», subrayó el abogado, quien a su vez consideró que las personas con cargos públicos deberían promover un acuerdo en la nación.
«El país ya no es que agoniza, sino que está prácticamente muerto», concluyó.
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