La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la ampliación de una licencia que permitirá a Venezuela mantener los movimientos portuarios y aeroportuarios. Esto se da, pese a las sanciones que existen sobre el gobierno del país suramericano.
César Miguel Rondón conversó con Mariano De Alba, abogado internacionalista, en el programa “En Conexión” para analizar los resultados de la ampliación y aplicación de esta nueva medida por parte del Departamento del Tesoro.
De entrada, el especialista señaló que la licencia 30A “es una modificación de la licencia 30 que ya existía”. Esta nueva modificación consiste en “autorizar ciertas transacciones con el gobierno de Venezuela para el uso de puertos y aeropuertos”, dijo De Alba especialista en Derecho Internacional.
“La licencia habilita o da un permiso para que personas extranjeras puedan lidiar con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Que es una de esas entidades para el uso de puertos en Venezuela”, explica De Alba.
Ver más: EE.UU. autoriza ciertas transacciones para operaciones en Venezuela
Igualmente, De Alba piensa que “esto es una primera señal de que las nuevas autoridades del Departamento del Tesoro. Están en constante evaluación del programa de sanciones impuestos al país”.
El abogado también detalló que “Lo que hizo esta licencia fue corregir una especie de error que se dio. En el fondo es un esfuerzo de ser coherentes con la licencia que el propio gobierno de Donald Trump emitió en agosto de año 2019”, arguyó De Alba.
Asimismo, el experto explica que “en este momento una entidad, una empresa o una persona estadounidense puede tratar con autoridades de aeropuertos y puertos venezolanas”, dijo De Alba.
Pero en la práctica, la posición es diferente. Esto, debido a que la decisión de sostener relaciones con Venezuela depende de cada empresa o persona. Hecho que evitan “por ser muy cautelosos”.
Ver más: Relatora de la ONU comenzó a reunirse en privado con diversos sectores en Venezuela
También, el especialista diferenció que “Las prohibiciones que existen están dirigidas a personas o empresas estadounidenses. En el caso de Venezuela no llega hasta ahí. Trump instituyó sanciones secundarias. Este hecho abre la posibilidad de sancionar para personas y empresas de otros países”.
“En el corto y mediano plazo la tendencia es que nada cambie”, dijo De Alba con respecto a las relacionales bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela.
En última instancia, “en el contexto de creciente represión en Venezuela contra la oposición política y la sociedad civil, el nuevo gobierno estadounidense tiene intención de revisar algunas medidas. Si determinan que las sanciones afectan más a la población que al gobierno de Nicolás Maduro, podrían retirarlas”, finalizó.
En Conexión
Únete a nuestras redes sociales para más noticias
