Migrantes venezolanos, por fuera de planes de vacunación en América Latina

FA/CMR

En un informe titulado “JUEGO DE VACUNAS DE AMÉRICA LATINA CON MIGRANTES VENEZOLANOS” cuya autoría corresponde a  Nicolás Forero Villarreal, abogado independiente de derechos humanos con sede en Bolonia, Italia y Bogotá, Colombia, y Jacqueline Mazza, profesora senior adjunta de estudios latinoamericanos en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, en Bolonia, Italia, y Washington, D.C., podemos tener una verdadera dimensión de la tragedia sanitaria a la que suman millones de venezolanos en condición de migrantes.

El estudio, publicado por el Wilson Center, señala que “ actualmente se considera que América Latina está experimentando el impacto sanitario y económico COVID-19 más profundo y severo de cualquier región en desarrollo. Entre los más vulnerables se encuentran 5.5 millones de migrantes de Venezuela, 4.5 millones que viven en solo seis países de acogida en América del Sur que trabajan principalmente en trabajos informales en el sector de servicios y, en su mayor parte, viven en viviendas precarias y hacinadas.

En la lucha por recibir asistencia durante los bloqueos nacionales, los migrantes venezolanos en los seis principales países de acogida de América del Sur no eran consistentes y, con demasiada frecuencia, rara vez,  elegibles para recibir efectivo como asistencia nacional, programas de emergencia para pandemias, atención médica y protecciones contra el desalojo de viviendas. Cuando se trata de la vacuna COVID-19, los migrantes deberían, en teoría, estar entre la población más vulnerable a ser vacunada, para evitar  los ciclos viciosos de infección y reinfección entre la población más pobre.

Los titulares de los periódicos de América del Sur transmiten con frecuencia la impresión de que todos los migrantes venezolanos recibirán la vacuna. Sin embargo, revisamos los planes nacionales de vacunación en los seis principales países receptores de migrantes; y encontramos sólo uno, Argentina, que hace una referencia explícita a cubrir a los migrantes como su último grupo prioritario. Si bien no cubre explícitamente a los no nacionales, el plan de Brasil sí menciona a los «refugiados que viven en refugios» como un ejemplo de población vulnerable. Esto podría significar que los migrantes con estatus de refugiado que no tienen hogar o que viven en refugios podrían calificar en una de sus categorías.

Aunque los informes de prensa en los otros cuatro países anfitriones parecen señalar que los migrantes venezolanos están cubiertos, solo ocurre con aquellos que pueden probar su residencia legal. Colombia, ha anunciado explícitamente el requisito de residencia legal”. Esto significa contar con el TPS de Colombia tras contar con los criterios requeridos. 

Continúan Mazza y Forero: “El gobierno estima que menos de la mitad de los 1,7 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia calificarán de inmediato para ser vacunados. Las autoridades colombianas han dejado claro en numerosas declaraciones que para recibir una vacuna, los venezolanos deben tener un permiso de residencia válido conocido como PEP (Permiso Especial de Permanencia) u otro estado de residencia.  Los venezolanos que reciben TPS en el futuro probablemente calificarán para la vacuna, pero solo de forma individual una vez que se les ha otorgado formalmente su estatus de TPS. Brasil, Chile, Ecuador y Perú también requieren la residencia legal para las vacunas, aunque no hay una nueva política para expandir la residencia legal, dejando a millones sin acceso a una vacuna en el futuro previsible, independientemente de la edad o el estado de salud. Chile fue criticado por el director ejecutivo de Amnistía Internacional para Chile por impulsar un plan nacional de vacunas que excluía a los venezolanos: “En el contexto de un plan de vacunación muy exitoso que no parece dejar a nadie atrás, el gobierno chileno está eligiendo el camino de la discriminación, negación de derechos a grupos en riesgo e ignorando las mejores prácticas de salud en sus esfuerzos por contener COVID-19”.

De modo que en este sentido, ser migrante venezolano, sin haber logrado un status legal, significa no sólo sufrir las consecuencias de la discriminación y la xenofobia, o las de la pobreza decretada, sino también arriesgarse a morir de Covid 19.

Preocupa la idea que sustenta los autores cuando señalan que: “América Latina puede estar arriesgando una nueva apuesta con su precaria recuperación: que esa plena recuperación económica y de salud del COVID-19  siga siendo posible, a pesar de seguir dejando a millones de venezolanos, dentro de sus fronteras, sin la vacuna”.