Este martes, el presidente colombiano Iván Duque firmó finalmente el acto legislativo que reglamenta la cadena perpetua en el país a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.
La cadena perpetua no será aplicada en todos los casos de violación sexual u homicidio de un menor de edad en el país, sino que deberán evaluarse agravantes.
Tanto en los casos de homicidio como de violencia sexual, los agravantes para imponer la cadena perpetua serán, entre otros, que la víctima sea menor de 14 años, que esté en estado de indefensión o especial vulnerabilidad, ensañamiento y sevicia, que el victimario sea familiar o custodio de la víctima, así como que la acción haya sido deliberada, por ejemplo, para ejercer control social o temor.
El sistema de cuartos y la libertad condicional no regirán cuando la pena impuesta sea la cadena perpetua, así como la prescripción quedará establecida en estos casos después de los 60 años, aunque esta contará con una revisión que, según los ponentes, se estableció para no violar los derechos de los procesados.
En ese sentido, un condenado a cadena perpetua tendrá derecho a la revisión de la pena a los 25 años de prisión. Allí un juez evaluará la capacidad de resocialización del procesado y en caso de considerarlo, enviará a revisión la condena impuesta.
Sin embargo, la reglamentación establece que “cuando haya lugar a la revisión de la pena de prisión perpetua el juez de instancia competente ordenará su modificación por una pena temporal, que no podrá ser inferior al máximo de prisión establecido para los tipos penales de 50 años y en caso de concurso de 60 años”.
Javier Barragan, periodista de la fuente política, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“La sanción que ha el presidente Iván Duque de la cadena perpetua para violadores de menores de edad, ha generado división política en el país. Sobre todo dentro del partido de gobierno que apoyan esta nueva ley, y la oposición al gobierno. Algunos sectores jurídicos también se han pronunciado y han dicho que esta medida no le pondrá fin al abuso de los menores de edad. Actualmente, hemos visto unos casos muy crueles y de mucha conmoción”, dijo el periodista.
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Barragan comentó que las personas que se oponen a la ley argumentan que “eso no va a erradicar la práctica del abuso sexual en menores de edad y que se van a seguir llenando las cárceles con violadores”.
Uno de los puntos que más ha criticado la oposición política, es que la ley tiene un mecanismo de revisión. Se puede revisar una cadena perpetua a los 25 años.
“Cumplido ese tiempo, se puede evaluara una reducción de pena y el reinsertar a esa persona en la sociedad. Ese punto es el que ha generado controversia. Los opositores quieren la ley que ya estaba en el Código Penal. No obstante, un sector de la sociedad reclama el castigo contundente contra los bárbaros que atentan contra la vida de menores de edad”, señaló Barragan.
Con la ley anterior, las penas podían ser varias dependiendo de los agravantes. “Esas penas no se estaban cumpliendo por ciertos beneficios de buena conducta y derogación de penas. Para los violadores como tal, tenían una pena de 30 años de prisión”, destacó.
En cuanto al colombiano de a pie, el periodista manifestó que no se ha medido la opinión pública en torno a la ley.
