El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo el martes que permite a España intentar nuevamente obtener la extradición de un político separatista catalán que reside en Bruselas, Carles Puigdemont.
Joan López Alegre, profesor de la Universidad Abad Oliba CEU, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Los 27 países de la Unión Europea tienen un acuerdo mediante el cual, un delincuente que ha cometido un delito de narcotráfico, blanqueo de capitales o terrorismo, debe ser extraditado para ser juzgada en su país. Cada país de la Unión Europea es independiente en acción judicial. El Código penal y Civil es distinto en cada nación. Sucedió en su momento, que cuando Puigdemont y el resto de políticos independentistas huyeron de la justicia española y cuando el Tribunal Supremo español solicitó la extradición a Bélgica, el juzgado belga lo denegó”, dijo López Alegre.
Luego el Tribunal Supremo de España acudió a un tribunal superior de la Unión Europea, para determinar si eso era posible.
“Lo que sucedió es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, respondió que Bélgica no tenía derecho de frenar la extradición y tenía que ejecutarla”; agregó.
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El profesor señaló que el Tribunal de la Unión Europea determinó que Bélgica no tiene derecho a evaluar si estas personas tienen que ser evaluadas a España. }
“Tienen que ser enviadas a España para que sean juzgadas. El Tribunal Europeo no determina si estos delincuentes cometieron los delitos, solo le dice a Bélgica que no obstruya la extradición a España”, explicó.
Finalmente, López Alegre dijo que la situación de los políticos catalanes es diferente.
“Algunos son miembros del Parlamento Europeo, por lo cual para la extradición se debe esperar la decisión de la justicia Europea. A estos políticos se le imputan delitos como sedición y malversación de fondos públicos”, puntualizó.
