芦Anuncio la creaci贸n de una comisi贸n especial para la conducci贸n de la revoluci贸n judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compa帽ero Diosdado Cabello禄, indic贸 Maduro al encabezar un Consejo de Estado.
Como vicepresidenta de la comisi贸n nombr贸 a su esposa, Cilia Flores, y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Su谩rez Anderson.
El mandatario hizo este nombramiento luego de se帽alar que en Venezuela 芦hace falta禄 la construcci贸n de una 芦revoluci贸n profunda y acelerada del sistema de justicia nacional禄.
Juan Manuel Raffalli. Abogado especialista en Derecho Constitucional, abord贸 el tema en el programa En Conexi贸n, conducido por C茅sar Miguel Rond贸n.
鈥淓s dif铆cil conocer la motivaci贸n de esta comisi贸n. Realmente el poder judicial no puede estar m谩s sumiso al poder venezolano. La justicia al servicio de la revoluci贸n ha ido creciendo. El problema que hay en Venezuela es que el poder judicial no ha fungido como controlador de la justicia y la legalidad de los actos del poder p煤blico. La pregunta que se hace si todos los jueces son sumisos, que hay detr谩s de esto. Es un tema de ganar apariencia para buscar legitimidad o es un ajuste de cuentas entre ellos mismo. Quiz谩s vengan decisiones pol茅micas鈥, dijo Raffalli.
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Lo que llama la atenci贸n es que Diosdado Cabello ser谩 la cabeza de la comisi贸n, un individuo que no es abogado y no tiene conocimientos de leyes. Es un militar que tiene acusaciones de violaci贸n de derechos humanos, torturas, corrupci贸n, narcotr谩fico y su cabeza tiene precio internacionalmente.
鈥淭odo parece indicar que es un tema de empoderamiento. Se le est谩 dando el poder a la primera combatiente y se le da un espaldarazo a Cabello. No s茅 qu茅 problemas hay dentro del r茅gimen, pero el poder judicial est谩 podrido鈥, agreg贸.
Para Raffalli un factor importante es que quien nombra la comisi贸n es el propio Nicol谩s Maduro en el Consejo de Estado.
鈥淓sa comisi贸n no tiene competencia para hacer nada en el poder judicial. Lo que pudiera hacer es darle unos lineamientos a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia, que es el gobierno del poder judicial鈥, explic贸.
Mucho se ha dicho que todas las acciones del gobierno est谩n dirigidas para cambiar la postura de la Corte Penal Internacional.
鈥淟os delitos de lesa humanidad y la responsabilidad de la justicia internacional es objetiva y personal. Nada de lo que hagan de aqu铆 en adelante, borrar谩 la responsabilidad de los delitos que cometieron. Esto puede mejorar la imagen del r茅gimen para ganar estabilidad pol铆tica, pero no tendr谩 ning煤n impacto en la decisi贸n de la CPI鈥, puntualiz贸.
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