Desde 2018 surgió la iniciativa del Monitor de Uso de la Fuerza Letal que actualmente agrupa a seis Universidades y cuatro centros de investigación de ocho países como Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela.
En este espacio se han construido indicadores y metodologías comunes para poder medir, analizar y comprender el uso y abuso de la fuerza letal en perspectiva comparada, con miras a la búsqueda de evidencias que sirvan de insumo para la prevención de abusos, así como una mayor seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios funcionarios.
En el informe correspondiente al presente año los casos de Chile, Venezuela y México fueron los de mayor opacidad respecto a las cifras oficiales.
Doctora Daily Coro, miembro del Observatorio Cubano de DDHH, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
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“Cuesta un poco la documentación exacta, teniendo en cuenta que en un país como Cuba hay un régimen totalitario, donde todos las instituciones están en poder del Partido Comunista de Cuba. Hemos tenido acceso a diversos informes como el asesinato de un manifestante el pasado 11 de julio, a manos de armas blancas”, dijo Daily Coro.
La defensora de derechos humanos comentó que el régimen cubano ha retirado todas las armas de la sociedad, por lo que las protestas del pasado 11 de julio eran pacíficas.
“Los funcionarios del gobierno cubano dispararon contra una población desarmada. Este patrón cubano se repite en países como Venezuela, México, Colombia, Chile, Brasil y Trinidad y Tobago”, agregó.
El argumento de la defensa propia fue el que manejó el gobierno de Trinidad y Tobago al disparar a un peñero con migrantes venezolanos, asesinando a una niña de meses.
“Es el mismo patrón cubano. Estos gobiernos no le ponen límites y controles a sus funcionarios. Ellos tienen una patente de corso, pueden asesinar a quienes quieran. Todas estas acciones son justificadas como defensa propia”, explicó Caily Coro.
Puntualmente, en el caso de Cuba, vemos que en el caso de los juicios de los manifestantes del 11 de julio, fueron condenados por supuestamente faltarle el respeto a Miguel Díaz-Canel.
“Lo que ocurrió esos días fue una manifestación espontánea. El 11 de julio las personas salieron a exhibir sus derechos y muchas personas están sancionadas hasta 25 años de prisión por protestar”, explicó.
Finalmente, la analista manifestó que hay varios casos de menores de edad que están siendo sentenciados a 20 años de prisión.
