La representación letrada de Plus Ultra ha recurrido la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de encargar un peritaje que determine si cumplía con los requisitos legales para obtener el rescate por importe de 53 millones de euros, que le fue concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Javier Chicote, jefe de investigación del diario ABC, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“El dinero de la segunda parte de la ayuda no se ha desembolsado. La empresa ya cobró la primera parte y restan 34 millones de euros. No obstante, la juez Collazos decidió suspenderlo hasta que no se acredite si la ayuda fue bien concedida. Los representantes legales de la aerolínea han presentado un informe ante la juez, en la que defienden que el préstamo contó con los parámetros legales e insisten que si no reciben el resto de la ayuda, la viabilidad de la empresa se verá comprometida”, comentó el periodista.
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Chicote también destacó que la juez Collazo ordenó un peritaje independiente para determinar la situación de la aerolínea. “Estamos en una batalla judicial”, añadió.
Más allá que todo se esté resolviendo desde los tribunales, el rescate de la aerolínea Plus Ultra se realizó con criterios políticos y no económicos.
“Para obtener estas ayudas se tenía que demostrar que la empresa era estratégica para la economía española. Plus Ultra no es una empresa importante, por lo que primaron los criterios políticos. Mis fuentes indican que para dar con la clave del rescate de una empresa vinculada al chavismo hay que buscar en la embajada de España en La Habana y en Caracas. También afirman que el ex-ministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien también era el número dos del Psoe, sabe mucho del caso. La jueza está investigando un posible delito de prevaricación. La clave es el interés político”, puntualizó.
